Por Germán Miranda
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Los recuerdos sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en los años ochenta contra indígenas miskitos y atribuidos a funcionarios del gobierno sandinista, encabezado por el comandante Daniel Ortega Saavedra, no se olvidan a pesar de la alianza política que tiene el FSLN y la Organización Yapti Tasba Masraka Nanih Alastakanka (Yatama) que en español significa “la unidad de los hijos de la madre tierra”.
“La sangre derramada de nuestros pueblos indígenas no tiene precio y es por eso que nuestros comunitarios odian a Daniel Ortega que ordenó a su Ejército un ataque despiadado contra un pueblo de miskitos, desarmado, abandonado e indefenso”, afirma el comandante “Blas” Osorno Coleman, quien dirigió el Estado Mayor de la resistencia indígena en época de la guerra.
Otro de los líderes de Yatama no sandinista es Alfonso Smith, de hablar pausado y de tez clara tostada por el sol del Caribe, distinto al color de los habitantes de esta zona encantadora del país.
Smith considera que el gobierno de Ortega no cambia, aunque esté aliado con un sector de los Yatama, representado por Brooklyn Rivera.
“No es la visión de los indígenas. Nuestra gente no se olvida lo que sucedió entre 1981 y 1982 cuando el Ejército Sandinista sacó de sus comunidades a unos 8,500 indígenas que habitaban a las orillas del Río Coco en la frontera con Honduras y se les reubicó en cinco campamentos de lo que hoy se llama Tasba Pri (Tierra Libre)”, dice Smith en su casa de habitación en el barrio Libertad, de Puerto Cabezas, capital del Caribe norte ubicado a 565 kilómetros al noroeste de Managua.
Para Osorno Coleman, originario de la comunidad de Río Coco Abajo, la intención del Ejército sandinista era evitar que los miskitos sirvieran de apoyo logístico a la Contra. “Los comunitarios que se opusieron fueron cobardemente acribillados, torturados y muchos desaparecieron en comunidades miskitas en el Caribe norte de Nicaragua. Aún sus familiares preguntan a los sandinistas dónde los enterraron para sacarlos y hacerles una digna sepultura”, se queja.
Participarán entre 800 y mil líderes representantes de los pueblos indígenas de la Costa Caribe: sumo, mayangnas, ramas, creoles y garífunas, además de los mestizos. El objetivo será ratificar la alianza con el partido de gobierno y escoger quiénes serán los postulados a cargos públicos, añadió.
Yo apenas soy un voto, no quiero que digan que Brooklyn Rivera ratificó la alianza con el FSLN, sostuvo.
Rivera descartó radicalmente que vaya a ser el candidato a vicepresidente de Ortega como se ha comentado últimamente en la región en algunos círculos políticos. Según él, no puedo, no debo, mi organización me necesita y no la puedo descuidar.
Estamos explorando con el FSLN un nuevo acuerdo de alianza dando saltos más cualitativos en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, explica Rivera.
Rivera no se disgusta con los planteamientos de Coleman.
Según Rivera, los Yatama, que no se identifican con el partido de Gobierno, no han cosechado los logros que ellos han logrado como organización.
La alianza con Daniel Ortega ha sido positiva aún con algunas dificultades y limitaciones. Dos fuerzas que han estado en confrontación en el pasado no es fácil el entendimiento, pero poco a poco se ha abierto paso a la complementariedad. Somos más visibles, queremos ser parte funcional de Nicaragua, valoró Rivera.
[/doap_box][doap_box title=»Fiscalía desestimó por falta de pruebas» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
- El 26 de julio de 2010, la Fiscalía General de la República desestimó la acusación por falta de pruebas.
- La fiscal Ana Julia Guido, ligada al partido de gobierno, dijo que no existió mérito para la investigación que alcanzaba al actual Presidente y su hermano, el antiguo jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS) Humberto Ortega.
La denuncia se refiere al caso conocido como Navidad Roja, la operación del Ejército para sacar a 8 mil 500 indígenas de sus comunidades y trasladarlos a cinco campamentos para evitar que sirvieran de apoyo logístico a la Contra. Entonces estaba estudiando en Waspam. Era perseguido como otros jóvenes. Vivía sobre las ramas de los árboles. Era perseguido como otros amigos, dijo el comandante Blas Osorno Coleman, tras recordar que el Ejército golpeó incluso a ancianos.
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Felipe Mitchel, representante de la Circunscripción 07 compuesta por comunidades miskitas también, es otro que se pronuncia sobre este pesado recuerdo en la memoria colectiva de su pueblo. Quiere —igual que los otros— que los indígenas se den cuenta que Ortega no es la opción más viable para estos pueblos, ahora que el partido gubernamental tiene previsto inscribirlo nuevamente como candidato a la Presidencia, pese a la prohibición constitucional.
“No se puede olvidar tantas muertes, tanto dolor y en estos comicios nacionales tenemos que abrir bien los ojos para que no seamos engañados como niños”, afirma Mitchel, concejal regional de los Yatama que no se identifican con el FSLN y quien fue electo el 7 de marzo de 2010 en las elecciones regionales del Caribe.
ORTEGA PERDIÓ EN TERRITORIO INDÍGENA
Las derrotas electorales de Ortega en esta zona son una realidad. En las elecciones nacionales de noviembre del año 2006, cuando logró convertirse en Presidente nuevamente, no recibió el apoyo del sector fuerte de Yatama, localizado en Sandy Bay Norte, donde contradictoriamente es originario el diputado Brooklyn Rivera, el entusiasta aliado del Gobierno al que sus detractores describen con odio.
“Ése (el odio) es el resultado de las pequeñeces humanas. En la política no se debe tomar las cosas de manera personal. En todo caso somos hermanos miskitos”, se defiende Rivera.
Cómo cambian las cosas. Este amigo de Ortega en el pasado fue el máximo representante de Yatama, un feroz enemigo en los años ochenta de los sandinistas. Pero ahora considera que “son otros tiempos” y que su pueblo está de acuerdo con la “alianza con el FSLN”.
Según Rivera, los ex combatientes miskitos y sus familiares están consiguiendo muchos espacios a nivel nacional, mejor estabilidad laboral y cargos públicos que el FSLN les otorga a través de los acuerdos suscritos en el año 2006 y que otros partidos políticos nacionales no quisieron reconocer como un derecho ganado de los indígenas.
“No mendigamos, no hemos traicionado nuestros principios, es cuestión que vivimos en otra coyuntura y tenemos que luchar, no con las armas sino con las estrategias de negociación”, explicó Rivera.
Pero Rivera admite, pese a sus argumentos para promover la alianza con el FSLN, que la actuación del primer gobierno sandinista (1979-90) tiene un peso en la historia de su pueblo.
“Nosotros reconocemos que hay una amplia base antisandinista en nuestras comunidades por el conflicto pasado que no se ha olvidado, pero la dirigencia considera que estamos en nuevos tiempos, pero hay que anteponer las nuevas oportunidades que se pueden presentar. Tenemos que vencer sin olvidar el pasado. Creemos que la población va entendiendo eso y se va sumando dentro de estos esfuerzos”, explica Rivera.
Para Osorno Coleman, en cambio, la victoria de Ortega es improbable. El otro punto es que las inscripciones para diputado regional serán en marzo según el calendario electoral y Yatama tendrá que definir si correrá junto a la bandera sandinista.
PROTESTA EN LA CALLE
El 22 de enero pasado otra fracción de ex combatientes amaneció custodiando las instalaciones del INSS, Marena, Inafor, Mifamilia y el Aeropuerto.
También instalaron un tranque en el tramo de la carretera que comunica el Triángulo Minero con Puerto Cabezas, en las inmediaciones del empalme de la comunidad de Yulu.
En el paso del río Wawa, a 30 kilómetros de la ciudad de Bilwi, se conoció que ex combatientes se tomaron el sábado pasado el lanchón que traslada los vehículos de un lado a otro, dejando incomunicados vía terrestre a Bilwi y Waspam como parte de las acciones de protesta.
Para Brooklyn Rivera, las demandas de los indígenas se deben a la falta de atención a los ex combatientes de parte del Procurador General de la República, Hernán Estrada, quien incluso ha recibido órdenes del presidente Daniel Ortega para solucionarle el problema a los miskitos.
Rivera también cuestionó al presidente del Fondo de Inversión Social y Emergencia (FISE), Nelson Artola, quien administra el plan techo. “Hemos sido testigos cómo estos funcionarios han cerrado las puertas”, reclamó Rivera.
Unos mil 600 desmovilizados de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) esperan desde el 6 de enero de 2011 el inicio del proceso de titulación de las tierras, el otorgamiento de créditos productivos, proyectos de viviendas y pensiones.
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