El doctor Sergio Cuarezma Terán, el único magistrado liberal que se niega a legitimar las actuaciones ilegales del Frente Sandinista en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es quien consiguió el más alto promedio mensual (32.25) de elaboración de sentencias en la Sala Constitucional durante 2010, según un informe oficial del máximo tribunal de justicia del país.
El balance indica que al magistrado Cuarezma, sin embargo, se le aprobaron el menor número de sentencias (11), una mala suerte que sortearon el resto de sus colegas de partido, quienes, después de ser descalificados por el oficialismo y señalados de vagos públicamente, se “reivindicaron” en las estructuras del Poder Judicial y “lograron” la aprobación de casi la totalidad de su trabajo después de cuatro meses de ausencia.
Los datos, que revelan un obvio manejo político al frente de la Suprema, fueron suministrados a la oficina de prensa de la CSJ por el coordinador de la Sala Constitucional, el magistrado Francisco Rosales Argüello, el mismo que abiertamente defendió y promovió la reelección del presidente Daniel Ortega, y quien elaboró mensualmente 24.25 sentencias durante 2010. Los orteguistas Rafael Solís (26.41) y Ligia Molina (23.16), no llegaron ni a las 30.
3 MIL CASOS PENDIENTES
Rosales admitió, después de alabar la celeridad en la aprobación de sentencias, la que incluso calificó de histórica, que tienen un rezago enorme de trabajo. “Todavía tenemos 3,050 expedientes rezagados, pero si seguimos al mismo ritmo, sacaríamos un promedio de 200 sentencias por mes, contando los once meses reales de trabajo”, dijo el funcionario en una entrevista ofrecida a la periodista Yelba Orozco, del equipo de prensa de la CSJ.
- Desde que el magistrado Sergio Cuarezma dejó la CSJ, en agosto de 2010, ha sido atacado públicamente por la primera vocal de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, quien fue elegida presidenta con los votos de seis magistrados de su partido, dos abogados usurpadores del cargo de magistrado y seis conjueces ilegalmente integrados.
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Según el funcionario, la “eficiencia” se debe al nuevo sistema de trabajo que empujó el partido de Gobierno después que los liberales habían decidido ausentarse en protesta, ante la insistencia de los abogados orteguistas Rafael Solís y Armengol Cuadra de continuar en sus cargos pese a que se había vencido su período constitucional desde abril.
Rosales dijo que ese sistema de trabajo consistió en que la CSJ se reúne regularmente en grupos de trabajo para estudiar los casos y dictar sentencias que cada jueves son presentadas en la Corte Plena para que sea homologado el criterio entre todos los magistrados de la Suprema.
En realidad esos grupos de trabajo fueron integrados en un inicio por miembros del FSLN y conjueces, cercanos también al oficialismo (nombrados ilegalmente), quienes aprobaron entre otras cosas una sentencia que permite la reelección del mandatario aun con la prohibición constitucional expresa.
Después a esos equipos se integrarían los magistrados liberales que regresaron a la CSJ tras argumentar que la “calle está dura”, en referencia a que estaban pasando apremios económicos, porque no recibían su salario.
EL TRABAJO DELABOGADO SIRIAS
Con su valoración sobre el trabajo de la Sala Constitucional, el magistrado Rosales olvidó las acusaciones que hizo en el pasado contra el liberal Dámicis Sirias, otro magistrado de período vencido que sigue usurpando funciones y quien fue el que menos produjo sentencias en el año (30).
El 26 de agosto de 2010 Rosales dijo que casi 500 expedientes que estaban en las oficinas de Sirias habían dormido el sueño de los justos a la espera de una resolución. Finalmente, después de enviar a la Secretaría de la Sala la gran mayoría, según el sandinista, se “desaparecieron” 140 expedientes.
LA PRENSA llamó este fin de semana a Sirias a su celular, pero no respondió. Su vocación de silencio en esta nueva etapa parece imperturbable.
A lo largo de dos semanas tampoco ha querido ofrecer sus impresiones personalmente sobre su nuevo papel en la CSJ, pese a más de cuatro solicitudes.
El informe judicial, cuyo resumen puede encontrarse en el sitio web del Poder Judicial, deja mal parados a los liberales que retornaron sumisos en octubre pasado. Iván Escobar Fornos, Manuel Martínez y Sirias produjeron en promedio 10.75, 4.75 y 2.5 sentencias mensuales.
Hay que resaltar que Martínez fue premiado con la aprobación de los 57 proyectos que elaboró en todo 2010. Vale decir que fue él quien llevó a cabo las negociaciones con el FSLN para la incorporación en octubre pasado de sus colegas al tribunal.
Según fuentes consultadas, el salario promedio de los magistrados judiciales en Nicaragua es de 4 mil 300 dólares. En el caso de los liberales, cada sentencia costó al erario, entonces, siguiendo el mismo orden de nombres de los magistrados, 400 dólares en el caso de Escobar Fornos, 905 dólares por Martínez y Sirias, mil 720 dólares.
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