QUITO/ AFP
La propuesta del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, de reformar la justicia vía referendo agrietó el oficialismo tras la desvinculación de varios diputados y funcionarios que rechazan la consulta, lo que según analistas azuza el fantasma de un anticipo de elecciones generales.
Ayer la legisladora María Paula Romo y los secretarios de Transparencia, Juan Sebastián Roldán, y de Pueblos, Alexandra Ocles, (ambos con funciones de ministros) renunciaron al movimiento socialista Alianza País (AP), y se sumaron a los congresistas Betty Amores y César Gracia, que dejaron la bancada a inicios de semana.
“Con la disidencia de parlamentarios termina reduciéndose Alianza País, ahora es un bloque con menos apoyo en la Asamblea y por eso van a tener más dificultades para poder conformar mayoría en el pleno”, manifestó ayer el analista Hernán Reyes.
Aun con la salida de los diputados, que mantienen sus curules, el oficialismo mantiene el principal bloque en el Parlamento, con 56 de 124 escaños. Aun sin disidencias, AP no tenía mayoría absoluta, es decir las dos terceras partes necesarias para aprobar reformas constitucionales.
El 17 de enero, Correa entregó a la Corte Constitucional diez preguntas para someterlas a referendo, entre las que se plantea suspender por 18 meses el Consejo de la Judicatura (organismo que regula el sector) y reemplazarlo por una comisión provisional, con participación del Gobierno. El comité debería reestructurar el sistema judicial y “evaluar y sancionar a jueces corruptos”, culpados de corruptos por el gobernante.
Cinco de las interrogantes —cuya legalidad analiza la Corte— proponen reformas constitucionales, y las otras abarcan temas generales como la prohibición de las corridas de toros y de los juegos de azar. La oposición asegura que las enmiendas afectan la estructura básica de la Carta Magna y que el objetivo de Correa es extender su poder a las cortes. Algunos disidentes, a su vez, denuncian un giro a la derecha del mandatario.
Según Alexei Páez, la pérdida de terreno en la Asamblea avizora una reactivación de la “muerte cruzada”, un mecanismo que faculta al Presidente para disolver el Congreso y llamar a elecciones generales anticipadas. La norma puede ser aplicada en caso de que los diputados obstruyan la ejecución del plan de desarrollo, grave crisis política o conmoción interna, según la Constitución.
“Las renuncias podrían derivar en que Correa se dé cuenta de su error de cálculo político o radicalizar aún más su manejo político y que vuelva a sacar a relucir ‘la muerte cruzada’ para refrescar su capital en la Asamblea”, coincidió Reyes.
En septiembre pasado, Correa expresó su intención de anticipar los comicios luego de que el bloque oficialista le rechazó parte de una ley para recortar la burocracia, pero desistió a raíz de la insurrección policial del 30 de ese mes, que denunció como un intento golpista con saldo de 10 muertos.
“Esta crisis es una crítica a la forma en que el Presidente concentra las decisiones”, como la propuesta unilateral de referendo, estimó Patricia de la Torre, titular del Observatorio Político de la Universidad Católica.
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