La revelación de LA PRENSA del pasado domingo, referida a la publicación en el diario oficial La Gaceta de la ratificación de la sentencia de una irregular corte “plena” que habilita al presidente Daniel Ortega para pretender la reelección, ha molestado a los magistrados judiciales orteguistas, debido a las críticas de las que han sido objetos por parte de importantes sectores como la Iglesia católica.
El mandatario actualmente está inhibido de ser nuevamente candidato a la presidencia por la Constitución Política, debido a que ya ejerció el cargo por dos períodos, además que la Carta Magna también prohíbe la reelección continua.
Sin embargo, seis magistrados orteguistas sacaron en septiembre de 2009, al amparo de la noche una “sentencia” que declaraba inaplicable la no reelección y en septiembre 2010 una “corte plena” llenada con conjueces confirmó el fallo.
Sin embargo, la sentencia tiene una seria inconsistencia, ya que en lugar de dar una supuesta igualdad de derechos a Ortega, lo convirtió en una especie de “superciudadano”, que no cumple con el principio constitucional de igualdad ante la ley.
El mandatario, dado que fue beneficiado con la sentencia de la Suprema para ser nuevamente candidato a la presidencia, tendría que haber renunciado a su cargo 12 meses antes del proceso de elección. Pero éste no ha sido el caso. Sin embargo, para el resto de funcionarios, de acuerdo con el inciso f) del artículo 147 de la Carta Magna, el resto de funcionarios de los demás poderes del Estado que manejan fondos públicos sí deberían renunciar a su cargo en el tiempo mencionado anteriormente.
La Constitución Política no establece la renuncia del Presidente para presentarse a una nueva reelección porque está prohibida la reelección presidencial. Es decir, no tendría sentido que el presidente Ortega renuncie para presentarse como candidato para las próximas elecciones porque la Constitución Política le prohíbe presentarse como candidato para un nuevo periodo. Pero si se tomara como legal la sentencia que los magistrados orteguitas hicieron al margen de la ley, para que Ortega pueda reelegirse, tiene la obligación de renunciar.
La ilegal sentencia se fundamenta en que Ortega es igual ante el resto de nicaragüenses y no puede restringírsele su derecho a reelegirse, por tanto, y siempre con base a ese mismo principio de igualdad, tiene la obligación de renunciar un año antes, para respetar la igualdad frente aquellos que tienen la obligación de hacerlo un año antes.
Otro argumento es la transparencia. En este caso, el presidente Ortega tiene la obligación legal y moral de renunciar porque no puede, siendo Presidente, utilizar su cargo para ser nuevamente Presidente y prevenir los actos de corrupción y la financiación desleal frente al resto de candidatos, y además no habrá nunca competencia en igualdad de condiciones frente al resto de candidatos si él sigue siendo presidente en la campaña electoral.
“Es que no hay igualdad en los casos porque sencillamente el presidente Ortega no ha renunciado. Esto lo que nos vuelve a decir es que la ley se ha manejado al arbitrio de los intereses políticos. El problema es que estas constantes violaciones a la Constitución Política nos están constantemente llevando a crisis políticas peligrosas”, opinó el jurista Alfonso Dávila Barboza.
“Si nos atenemos a lo que establece el escrito de la ley, lo que se está estableciendo es un privilegio especial y una discriminación legal hacia otros ciudadanos. El Presidente tenía que haber renunciado, es lo que establece el espíritu de la Constitución. Pero bueno, tantos remiendos que se han hecho que ya terminaron enredados ellos mismos”, añadió.
ORTEGA PREOCUPADO POR LA FALTA DE LEGALIDAD
Por otro lado, para el analista político Alejandro Serrano Caldera, la publicación en La Gaceta de esta ratificación de la sentencia de la irregular “corte plena”, que conformaron los magistrados orteguistas del tribunal supremo de justicia con los conjueces, demuestra una preocupación del presidente Daniel Ortega y su entorno por la falta de legitimidad de su candidatura.
“Lo que vemos aquí es una preocupación muy severa de parte del poder, del presidente Daniel Ortega y su entorno, alrededor de la legalidad y legitimidad de su candidatura y de lo que podría ser su reelección, tomando en cuenta que impondría una candidatura en contra de lo que la Constitución establece y violando las prohibiciones que la Carta Magna fija”, señaló Serrano Caldera.
El Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, en su homilía dominical calificó como un “pecado” las intenciones reeleccionistas del Presidente y el actuar de sus magistrados al pretender legitimarla.
“Mi punto de vista es que detrás de la publicación en La Gaceta hay una preocupación de la Corte Suprema de Justicia por revertir el hecho del mayor número de formalidades posibles para que tenga la eventual candidatura del presidente Daniel Ortega una apariencia de legalidad”, agregó Serrano Caldera.
No es habitual que en La Gaceta, diario oficial del Estado, se publiquen las certificaciones o ratificaciones que emite el máximo organismo judicial en el país.
Pero la semana pasada, además de la ratificación de la sentencia de corte “plena” con conjueces del 30 de septiembre del 2010, también se mandó a publicar en La Gaceta el fallo en contra del conflicto positivo de competencia y constitucionalidad entre poderes del Estado Legislativo y Ejecutivo que interpuso la diputada sandinista Alba Palacios.
Este fallo emitido por los magistrados orteguistas buscó allanar el camino para supuestamente legitimar el decreto 3-2010 por medio del cual el presidente Daniel Ortega prorrogó de facto en sus cargos a 25 funcionarios públicos que solamente podían ser electos por la Asamblea Nacional.
SEGUROS DE LA VICTORIA
Una ironía con estas publicaciones es que detrás de estos intentos de legitimar la candidatura del presidente Ortega, lo que hay es una confianza en la victoria electoral del Frente Sandinista en noviembre próximo, debido al pleito de “perros y gatos” en el cual vive sumida la oposición política del país.
“Pues yo creo que pueden suponer que habida cuenta la configuración política del país, con una oposición que no ha logrado unirse y que más bien está confrontada, sumándole el resultado de las últimas encuestas, pudieran ser que el núcleo de poder que rodea al presidente (Ortega) vislumbra participar en las elecciones, aunque sea de forma inconstitucional, e incluso ganar las elecciones sin necesidad de recurrir al fraude electoral”, apuntó Serrano Caldera.
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