Guatemala/ACAN-EFE
Supuestos pandilleros juveniles lanzaron hoy bombas incendiarias contra dos unidades del transporte público de pasajero, en la periferia oeste de la capital guatemalteca, sin que se registraran víctimas, informó un organismo de socorro.
«Las dos unidades se encontraban estacionadas, a unos 50 metros de distancia cada una. No hubo heridos porque en el momento del ataque nada estaba adentro», dijo a periodistas un portavoz de los Bomberos Municipales.
Los artefactos, que según la Policía Nacional Civil (PNC) eran «bombas incendiarias caceras», provocaron un siniestro de fuertes dimensiones que en pocos minutos consumieron las dos unidades de transporte.
Según la PNC, el ataque pudo haber sido perpetrado por miembros de la temida Mara 18, en venganza con los empresarios y chóferes de la línea de transporte afectada, que se niegan a pagar las extorsiones que les exigen.
Las unidades siniestradas pertenecen a la empresa Rutas Quetzal, la misma que el pasado 3 de enero sufrió otro ataque con bomba incendiaria que se cobró la vida de nueve pasajeros y dejó heridos a otros diez.
Por ese ataque guardan prisión una mujer de 19 años de edad, la supuesta pandillera que habría colocado la bomba incendiaria en la unidad, así como tres líderes de la Mara 18 que desde la cárcel habrían ordenado el atentado y la fabricación del artefacto.
También han sido capturados tres socios de la empresa afectada, entre ellos uno de sus ex directivos, a los que la Fiscalía acusa de tener vínculos con el grupo criminal.
Tras el ataque, los chóferes de esa línea de transportes decidieron paralizar sus labores ante el temor de nuevos atentados.
Uno de los socios de la Rutas Quetzal dijo a un medio local que no entienden el móvil de los ataques de los pandilleros, ya que «no hemos dejado de pagar las extorsiones precisamente para que no nos ataquen ni maten».
La PNC y la Fiscalía han designado a grupos especiales de investigadores para desmantelar a las bandas de delincuentes dedicados a extorsionar a las empresas del servicio de transporte colectivo.
De acuerdo con los empresarios, el año pasado pagaron un promedio de 12 millones de quetzales (1,5 millones de dólares) a los grupos criminales que les extorsionan.
Según el ministerio del Interior, el delito de extorsión les genera a los pandilleros ingresos anuales por unos 8,75 millones de dólares.
