Por Elizabeth Romero y Sergio León C.
El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) están confiados en que los seis hondureños integrantes del denominado grupo “Los Tarzanes” serán sentenciados a penas que pasen los 40 años.
La secretaria ejecutiva del Ministerio Público, Delia Rosales, se declaró “satisfecha” por los resultados del juicio oral y público desarrollado la semana pasada. Rosales indicó que solo esperan que a los acusados les sea leída la sentencia.
“Estamos conformes y satisfechos con el trabajo que hizo nuestro fiscal, doctor Gerardo Suárez”, indicó Rosales.
La Fiscalía demanda 40 años de pena, mientras la PGR solicitó una pena de 47 años en contra de los seis hondureños.
Según la Fiscalía, los hondureños trabajaban para Agustín Reyes Aragón (uno de “Los Tarzanes”) en el aseguramiento, almacenamiento y traslado de droga, procedente de Colombia y Costa Rica.
Los acusados responden a los nombres de Carlos Alberto Barrientos López, Policarpo Casildo Blanco, Pedro Alberto Ortega Ramírez, José Israel Ayala Funes, Lorenzo Casildo Álvarez y Rafael Antonio García Rivera, quienes fueron capturados a inicios de octubre del año pasado en un operativo realizado por la Fuerza Naval en la zona del Caño Roca, jurisdicción de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
El operativo en el que fueron capturados los hondureños fue aprovechado después por la familia de los Reyes Aragón, que habitan en San Juan de Nicaragua, para alegar que las fuerzas militares habían incursionado a territorio costarricense.
Posteriormente, casi a finales de octubre, este argumento fue recogido por Costa Rica en su campaña por evitar que Nicaragua continúe el dragado del río San Juan.
LOS LLEVARON A CAMPAMENTO
Los seis hondureños fueron acusados por los delitos de financiamiento ilícito de estupefacientes, crimen organizado y tenencia de armas de fuego de uso restringido. Al momento de la captura de los acusados, la Fuerza Naval les ocupó 40 barriles con capacidad de almacenar 60 galones de combustible cada uno, así como seis fusiles de guerra y municiones.
Posteriormente, las autoridades conocieron que los acusados tenían otro campamento en San Juan de Nicaragua, donde les ocuparon dos lanchas rápidas y combustible.
El 2 de octubre pasado, según la acusación, los mismos procesados llevaron a las autoridades al lugar donde se encontraban las pangas, propiedad de Agustín Reyes Aragón, señalado de ser jefe de la agrupación “Los Tarzanes”.
Según la nota de la PGR, durante el juicio oral y público se demostró que la captura de los seis hondureños fue en jurisdicción de la RAAS, así como la ocupación de las lanchas en una propiedad ubicada en San Juan de Nicaragua.
Las penas solicitadas por la PGR son: por el delito de posesión o tenencia de armas restringidas, la máxima de ocho años de prisión; por el delito de financiamiento ilícito de estupefacientes, la máxima de 25 años, y por crimen organizado, el doble de la pena máxima, que son 14 años de prisión, para un total de 47 años.
En el juicio, la PGR solicitó el decomiso de los bienes, como las dos lanchas rápidas, las cuales pasarían a la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, puesto que son las instituciones que resguardan las aguas y además porque es política de Gobierno luchar contra el narcotráfico. Asimismo, se pidió el decomiso de armas de guerra para que éstas sean entregadas al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional, que son las entidades autorizadas para el uso de este tipo de armas.
INCURRIERON EN DELITOS DE SEGURIDAD NACIONAL
La PGR señaló que en sus alegatos presentados a través del procurador auxiliar penal, Francisco Mairena, argumentó como agravante ante la Juez de Distrito Penal de Juicios, Ellen Lewin, que los delitos en que incurrieron los acusados son graves y considerados por el Estado de Nicaragua como un asunto de seguridad nacional y que tal disposición está regulada en la Ley 750, Ley de Seguridad Democrática de la República de Nicaragua.
Tanto la Fiscalía como la PGR alegaron que los acusados eran los encargados del traslado de combustible, así como de la custodia y de llevar alimentos a otras pangas que transportaban droga por alta mar, para lo cual requieren de combustible que les permita continuar la ruta hacia el Norte. De esta manera, mediante el aprovisionamiento de combustible financiaban el transporte de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.
La defensa de los acusados estuvo a cargo de la abogada costeña Martha Barillas y la matagalpina Brenda Alballero, ambas defensoras pidieron 20 años como sentencia máxima.
Los narcos fueron trasladados la mañana del 21 de enero a Bluefields procedentes de Managua, fuertemente custodiados en un helicóptero de la Fuerza Aérea para ser enjuiciados y regresados ayer.
La jefa de Relaciones Públicas de la Policía, comisionada mayor Vilma Reyes, dijo que la institución del orden público junto al Ejército garantizaron el plan de seguridad en el traslado de los detenidos, debido a la peligrosidad de éstos.
Rosales recordó que en el caso de Reyes Aragón aún no obtienen apoyo de parte de las autoridades homólogas de Costa Rica. En octubre pasado el Ministerio Público y la Policía solicitó colaboración a Costa Rica.
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