Una persona que posee una propiedad inscrita en Lisagüe, Matagalpa, con linderos diferentes, fue beneficiada con la decisión de una judicial, que la mandó a establecerse en una propiedad ubicada en la comunidad de El Gamalote, en Siuna, e inscrita desde 1998, en Bilwi, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Daysi Julieta Oporta, quien alega ser propietaria de la finca rústica Las Tablas, ubicada en El Gamalote, Siuna, introdujo ayer una queja ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de la juez de Distrito Civil, Ana Cecilia Oviedo. La propiedad es de 700 manzanas de tierra.
La judicial declaró no ha lugar a la solicitud de amparo en posesión solicitada por Oporta y emitió un mandamiento a favor de Mayra García, que presenta una escritura inscrita en Matagalpa.
CRITICAN ABUSO DE AUTORIDAD
José Lumbí, quien acompaña legalmente a Oporta, consideró que la judicial abusó de su autoridad al llegar con apoyo policial a la propiedad de Oporta e introducir en la misma a cinco personas allegadas a García.
La afectada aseguró que el pasado domingo 16 de enero la judicial llegó a sacar sus bienes mientras ella no se encontraba en el lugar.
En ese momento la acompañaron efectivos de la Policía y del Ejército del sector de Mulukukú, aseguró la denunciante.
En esa ocasión, sostuvo, no sólo le botaron la casa, sino que también le sacaron el ganado y, debido a ello, están perdidas todavía siete vacas paridas.
Según fue informada Oporta, las personas que se encontraban en la casa fueron intimidadas, para obligarlas a salir de la propiedad.
“La Policía se prestó también, mandó a oficiales y los mismos oficiales ayudaron a arrancar la casa. El Gobierno dice que no hay desalojos, ¿por qué esta juez (…) mandó a meter a esa gente a la fuerza?”, preguntó Lumbí.
Aseguró que la judicial ya les había advertido “que no le importaba que se fueran a quejar donde quisieran”.
Esto porque recientemente en la RAAN fueron sancionados dos jueces, por supuesta corrupción, recordó Lumbí.
“Pedimos a la Corte que se revise al caso, que se dé conforme a escritura, no antojadizamente la juez va a meter a alguien en posesión”, insistió Lumbí.
También denunció el caso ante la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, así como ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
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