SAN SALVADOR/AFP
Medio centenar de reos liberados, más de 700 audiencias en los tribunales suspendidas y un creciente número de cadáveres sin reconocer, es el resultado de una huelga por salarios de los sindicatos del Sistema Judicial de El Salvador, que ayer ingresó a su cuarto día.
Coordinada por los cuatro sindicatos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la huelga tiende a complicarse, luego que ayer cuatro activistas fueron detenidos por agredir a policías cuando intentaban presionar a empleados de un tribunal en Mejicanos, periferia norte de la capital, para que se sumaran a la huelga.
Al caos que impera en el ámbito judicial se sumaron congestionamientos automores en diferentes calles capitalinas, ante una marcha de maestros, que también reclamaron incrementos salariales y debido a que agentes municipales decomisaron productos a vendedores callejeros en una céntrica plaza.
La huelga, en el aparato de justicia por incrementos de salario entre 100 y 150 dólares, mantiene divididos a los 16 magistrados de la CSJ, ya que seis de ellos se reunieron el miércoles con los dirigentes sindicales para explorar las posibilidades de un arreglo. “La Corte plena reitera su compromiso al diálogo como mecanismo para la solución de conflictos, por lo que exhorta a los dirigentes de las mencionadas agrupaciones (sindicatos) a levantar todas las medidas de hecho como premisa para continuar con las conversaciones”, consignó en un comunicado la CSJ.
Pese a argumentar “limitaciones presupuestarias”, la CSJ dijo que ha estado “en disposición de revisar salarios y prestaciones para los 10,666 empleados.
Ante el cierre del Instituto de Medicina Legal numerosos cadáveres aguardan el reconocimiento forense en morgues de hospitales, con el consiguiente drama para las familias dolientes que los reclaman. Con el cierre de los tribunales, la Fiscalía General de la República informó que hasta el miércoles 49 reos, acusados de delitos menores, fueron liberados porque venció su período de detención legal.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador por medio de un comunicado advirtió que las huelgas en el sector público “atentan contra la institucionalidad del país”.
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