La abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Brenda Rojas, criticó la actuación de la Fiscalía, a la que calificó de “oficiosa” en un caso por supuesta usurpación de dominio privado.
En el caso aparece como víctima el magistrado liberal José Antonio Alemán Lacayo, y cuyo representante legal realizó una acusación particular.
Rojas también criticó que sea una fiscal auxiliar del Distrito Cinco de Managua la que se personó en el Juzgado Local Único de San Rafael del Sur, departamento de Managua, para intervenir en el caso por linderos de propiedad, contra Alba Dalila Rojas y Alemán como víctima.
La abogada del Cenidh señaló que el artículo 564 del Código Penal ampara al acusador particular y puede interponer la acusación sin intervención de la Fiscalía. Destaca que la Fiscalía será notificada posteriormente y podrá coadyuvar e intervenir, una vez admitida la acusación .
Sin embargo, en este caso la acusación todavía no ha sido admitida y el pasado 12 de enero la juez correspondiente le dio intervención de ley a la representante del Ministerio Público, alegó la abogada del Cenidh.
Según Rojas, no existen datos de la denuncia en el Ministerio Público de San Rafael del Sur y tampoco fueron informados que hubiese sido remitida a la delegación departamental.
“Son situaciones que nos parecen bastante extrañas, porque ha habido delitos más graves que el Ministerio Público no tiene intervención, ni muestra igual interés como en ese caso”, expresó la abogada del Cenidh.
La secretaria ejecutiva del Ministerio Público, Delia Rosales, explicó que debido a que la denuncia fue introducida en diciembre, cuando por motivo de las vacaciones de ese entonces atendieron por turnos desde la sede central de la Fiscalía, fue que el caso lo conoció la fiscal auxiliar del Distrito Cinco.
Y en las causas ventiladas en los Juzgados locales no hacen relevos de fiscales, por lo que es un mismo fiscal que conoce todo el proceso.
Además, Rosales alegó que el Ministerio Público tiene facultad de participar en todos los procesos, independiente que sean introducidos por las víctimas. En todos los casos de acusaciones particulares los jueces notifican al Ministerio Público, es decir la Fiscalía, porque esa institución “no pierde la representación legal que tiene la víctima”.
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