En algunas ciudades europeas hay barrios y calles donde atractivas mujeres —algunas pasaditas de años— se exhiben en vitrinas iluminadas ofreciendo sus servicios. Unos rotulitos inocuos con precios de licores intentan disfrazar las actividades que se realizan puertas adentro. En algunos lugares de acceso reservado, se ofrecen espectáculos sexuales en vivo. La policía vigila las calles y barrios de esas ciudades —principalmente, puertos conocidos en el mundo entero— como si se tratara de calles peatonales de un centro comercial.
En nuestra querida Nicaragua no hemos llegado a tal nivel de libertinaje sexual, pero sí permitimos que no sólo determinados edificios, barrios y calles de algunas ciudades, sino el país entero se haya convertido en “zona de tolerancia” política donde sin el menor pudor ni inhibiciones se exhiben y se negocian conciencias, lealtades y servicios que sólo pueden calificarse de impresentables por ser políticamente obscenos.
Desde el momento mismo en que comenzó a insinuar que lanzaría su candidatura para un tercer período presidencial, don Daniel Ortega se convirtió en violador de la Constitución. Además, al haber tenido la intolerable osadía de invadir el país de rótulos gigantescos anunciando su decisión de violar la Constitución, ha hecho público a más no poder su deseo de poseer a una hermosa dama, contra su voluntad, especificando el nombre de su víctima. Ésta es nada menos que nuestra Constitución Política hija predilecta de nuestra Madre, la muy noble Señora Nicaragua, rescatada en San Jacinto de las manos odiosas del invasor esclavista por nuestro inmortal y viril patriota Andrés Castro.
La psiquiatría y el derecho cuentan con principios y procedimientos de aceptación universal destinados a parar en seco a los violadores compulsivos, incluyendo la recopilación de pruebas documentales y circunstanciales de su intención obscena y de sus antecedentes. Los que estamos conscientes de que efectivamente, don Daniel Ortega está poseído por la obsesión compulsiva de violar la Constitución, ultrajando así a nuestra digna madre, Nicaragua, tenemos el derecho y el deber de tomar urgentes y contundentes medidas preventivas utilizando los medios que nos proporciona la Constitución y nuestras leyes, aún conociendo la precariedad en la que se encuentran. Eso no nos exime de exigir que la comunidad internacional, utilizando los últimos avances de la técnica y del derecho, lance a nivel mundial una “alerta roja” para que se inmovilice preventivamente al trasgresor pertinaz y para que otras naciones se cuiden de tan peligroso y perturbado personaje. Así como en los países desarrollados a los pedófilos y violadores se les planta un dispositivo electrónico que permita seguir todos sus movimientos para prevenir nuevas transgresiones, lo mismo debe hacerse con don Daniel Ortega, violador obcecado de nuestra Constitución que juró públicamente servir y defender.
¿Es acaso esto una fantasía o una pieza de humor negro? ¡No señores! Lamentablemente, estamos ante una realidad ominosa perfectamente documentada. En efecto, tratando de justificar lo injustificable, el propio don Daniel Ortega Saavedra ha recurrido ante centenares de personas físicamente presentes y ante decenas de miles de televidentes y radioescuchas a un burdo sofisma al afirmar que su triunfo anunciado en las elecciones de noviembre del 2011 sería una manifestación plebiscitaria de la voluntad del pueblo soberano que legitimaría su flagrante violación de la Constitución, y validaría, a posteriori, la seudodecisión —absolutamente inválida, nula e inexistente— adoptada ilegalmente por magistrados indignos y usurpadores de la Corte Suprema de Justicia, pretendiendo reformar el arto. 147, 4 (a) de la Constitución arrogándose facultades que la Constitución reserva para la Asamblea Nacional.
Cualquier jurista incipiente sabe que todas las fases de un hecho delictivo constituyen un todo monolítico, incluyendo la planificación, la escogencia de los medios, de la oportunidad y de las circunstancias para cometerlo. En el presente caso, basta constatar el despliegue de los gigantescos rótulos sembrados por todo el país anunciando la candidatura delictiva de don Daniel Ortega para las elecciones presidenciales de noviembre de 2011, ya que dichos rótulos son parte constitutiva de la violación constitucional antes identificada. [email protected]
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