Un nutrido grupo de ex diputados y actuales diputados no justificó el uso de un total de 39.4 millones de córdobas (1.8 millones de dólares aproximadamente) del fondo social que recibieron entre los años 2003 y 2006 para otorgar becas y financiar proyectos, indica un informe oficial de la Asamblea Nacional.
Cada legislador recibió 840 mil córdobas en los años 2003 y 2004. Para los años 2005 y 2006 el monto ascendió a los 888 mil córdobas por cabeza.
Entre los señalados de no justificar el uso del dinero figuran representantes de todas las bancadas en la Asamblea Nacional y algunos ya no son diputados, entre ellos Fidel Moreno, actual secretario de la Alcaldía de Managua, o el magistrado judicial de facto, Dámicis Sirias, de acuerdo con el informe legislativo.
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- Los 92 diputados de la Asamblea Nacional han recibido desde el año 2003, cada uno, un promedio de 440 mil córdobas anuales en concepto de fondo social, para financiar proyectos y becas de estudios.
No obstante, entre los años 2003 y 2006 los diputados no justificaron el uso de 39.4 millones de córdobas.
Del año 2007 al 2009, los únicos que no justificaron el dinero son los ahora alcaldes Zadrach Zeledón y Francisco Valenzuela, así como el director del IDR, Pedro Haslam, de acuerdo con un informe del parlamento emitido el pasado 31 de octubre.
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El director de la División General de Asuntos Administrativos, Ramón Cabrales, explicó que la Asamblea Nacional está en un proceso de transparencia de rendición de cuentas.
Cabrales añadió que a los ex diputados o a quienes continúan en sus puestos y se les ha encontrado fondos sin justificar le solicitaron los debidos soportes.
Según Cabrales, algunos han atendido el llamado, pero la mayoría no lo ha hecho.
Cabrales explicó que los 39.4 millones de córdobas que aparecen sin justificación es lo que no existe en el registro contable de la Asamblea Nacional.
Para el administrador del parlamento, existen varias hipótesis que explican los 39.4 millones de córdobas injustificados.
Una de ellas es que el diputado rindió cuentas, pero debido al desorden contable que existía hace algunos años, las justificaciones no se incorporaron al registro contable del parlamento.
Otra tesis es que hubo descuido o no hubo interés por justificar el gasto de los fondos y, finalmente, que los cheques se entregaron directamente a los beneficiados.
“La Asamblea no tiene ninguna fuerza legal para decirle ‘mirá, si no entregás esto, vas a la Contraloría’, entonces les decimos que vamos a publicar que no han rendido cuentas y ellos verán qué hacen”, indicó Cabrales.
A lo interno de la Asamblea Nacional, la administración ha notificado a los jefes de bancada respecto a los diputados que tienen fondos sin justificar.
“¿Qué se hace? Si está activo el diputado, cuestionamos su rendición de cuenta a través de los jefes de bancada. Si no están activos, les enviamos comunicación a él de que tienen responsabilidad por rendir esa parte, algunos contestan y se preocupan, la mayoría, por supuesto, no ha sido así”, admitió Cabrales.
Por su parte, el contralor de facto Guillermo Argüello explicó que sólo han recibido una denuncia formal por el uso del fondo social y fue en contra del ahora ex diputado y actual Alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno.
Argüello explicó que la auditoría especial que se practicó por el uso de 1.7 millones de córdobas, se vio frenada cuando el Poder Judicial benefició con un amparo a Centeno, en 2008.
El contralor de facto explicó que los diputados sólo rinden cuentas a la Asamblea Nacional.
“Aquí ningún diputado viene a rendir cuentas, no tienen obligación de rendir cuentas aquí, ellos rinden cuentas a la Asamblea Nacional sobre estos desembolsos, nosotros no tenemos ningún informe de la Asamblea”, precisó Argüello.
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