TUXTLA GUTIERREZ, MÉXICO/AFP
Organizaciones civiles y religiosas inician mañana miércoles una caravana en Chiapas (sureste de México) para exigir que se agilicen las investigaciones sobre el presunto secuestro de unos 50 inmigrantes centroamericanos, informaron ayer los organizadores.
La caravana comenzará su recorrido en Arriaga, Chiapas, en la estación del tren donde a diario cientos de indocumentados comienzan su travesía hacia Estados Unidos, informó el sacerdote Heyman Vázquez, director del refugio para migrantes El Señor de la Misericordia.
Con esta caravana, organizaciones civiles y religiosas demandarán al Gobierno mexicano “que agilicen las investigaciones” para encontrar a unos 50 inmigrantes clandestinos presuntamente secuestrados el 16 y el 21 de diciembre de 2010 en los límites de Chiapas y Oaxaca, indicó el sacerdote.
Algunos activistas subirán al mismo tren en el que viajan clandestinamente los inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos.
“Buscamos acciones para llamar la atención y que los gobiernos de los estados mexicanos tomen acciones concretas de protección. Es tiempo de que México acepte la realidad y escuche a los centroamericanos víctimas de estos grupos”, dijo Rubén Figueroa, otro de los organizadores de la caravana denominada Paso a Paso hacia la Paz.
La denuncia del secuestro de los migrantes por hombres armados fue presentada por un sacerdote mexicano y los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, si bien el Gobierno mexicano ha señalado que no se han encontrado elementos que sustenten la versión.
La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman) de México estima que casi medio millón de personas intentan cada año cruzar México para ingresar a Estados Unidos, en su mayoría provenientes de Centroamérica.
Unos 20,000 de ellos son secuestrados por grupos armados para pedir rescate a sus familias, mientras que más de 65,000 son detenidos y deportados.
Amnistía Internacional (AI) emprendió este fin de semana una campaña a favor del sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, encargado de un albergue para apoyar a indocumentados ubicado en Ciudad Ixtepec, sur de México, donde ha sido amenazado de muerte por su labor.
En su iniciativa la organización no gubernamental denuncia que la vida del sacerdote católico “corre peligro en México por haberla dedicado a proporcionar un lugar seguro a las personas migrantes” que atraviesan México y son extorsionadas y víctimas de abusos cometidos por funcionarios públicos y por la delincuencia.
La campaña consiste en una recogida de firmas para una carta dirigida al secretario (ministro) de Gobernación (Interior) de México, Francisco Blake, en la que denuncian que el prelado “lleva varios años” sufriendo “acoso” e “intimidación” por parte de “funcionarios del Estado y de residentes en la zona”.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A
