El Ministro de Transporte e Infraestructura, Pablo Fernando Martínez, se mostró despreocupado ante la publicación de LA PRENSA referida a las millonarias adjudicaciones directas establecidas en su programa anual de contrataciones.
“Vos ya publicaste, pues seguí publicando, seguí escribiendo. El pueblo es el que mejor juzga”, fue lo único que respondió el funcionario al ser contactado por medio de su teléfono móvil. Insistimos con el funcionario sobre este caso, pero Martínez repetía que siguiéramos publicando.
LA PRENSA reveló ayer que el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) estaría adjudicando unos 800 millones de córdobas en contrataciones directas, de acuerdo a su programa anual, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, del 1 de diciembre pasado.
Son 123 proyectos establecidos en el programa anual de contrataciones del MTI, de los cuales sólo cuatro serían adjudicados vía licitación, en este caso de tipo internacional.
Estos proyectos son la rehabilitación y mejoramiento de las carreteras La Argentina-Las Tablillas, El Congo-Empalme del Cosigüina, El Viejo-Tonalá-Puerto Morazán-Empalme del Cosigüina y el revestimiento asfáltico de la segunda etapa de Malpaisillo-San Isidro. Todos estos proyectos son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El especialista en temas de contrataciones del Estado, Rodolfo Pérez García, opinó que posiblemente detrás de esta gran cantidad de contrataciones directas programadas por el MTI haya un apuro de esta u otras instituciones del Gobierno por dejar firme la mayor cantidad posible de contratos antes que entre en vigencia la nueva Ley de Contrataciones, en marzo próximo.
- Rodolfo Pérez García, especialista en contrataciones del Estado, puso en duda que las millonarias contrataciones directas programadas por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) estén vinculadas con la rehabilitación de los daños causados por las lluvias del pasado invierno.
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“Se desaparece la figura de la contratación directa, y la sustituye lo que se denomina como una contratación simplificada. Y bajo esa figura en la nueva Ley de Contrataciones se establece que el titular de la institución es el que respondería personal y directamente por cualquier corrupción que se pudiese dar en el proceso. Entonces podría ser que estén diciendo: ‘corramos antes de que entre en vigencia la nueva Ley 737’”, comentó el especialista.
El MTI hasta la fecha es la institución del Gobierno que más contratos vía adjudicación directa ha programado, y también la que tiene la mayor cantidad de dinero en juego.
Algunas de estas contrataciones directas son de tramos vitales en las zonas productivas del país, tales como Izapa, Chinandega-Villanueva, Rivas-Tola, Matagalpa-Empalme San Francisco, Muy Muy-Río Blanco, Empalme San Lorenzo-San Lorenzo, Santa Emilia-La Dalia, Jinotega-Miralagos, entre otros.
EL TEMOR DE LOS FUNCIONARIOS
Todos esos proyectos de carreteras son financiados con recursos del tesoro público. “Podría decirse que están ante la disyuntiva de que quedan dos meses para que entre en vigencia la nueva Ley 737, y si autorizan una contratación directa que está fomentada en corrupción y no justifican la urgencia para hacerlo de esa manera, el ministro o el director del ente tendrán que responder personalmente, con sus propios recursos, ante cualquier falla o denuncia que se pudiese dar en algún caso concreto”, añadió Pérez García.
Actualmente la Contraloría General de la República, ente fiscalizador del Estado, es la encargada de aprobar las solicitudes de contratación directa de las instituciones gubernamentales.
Pero, debido al control político que sobre esta instancia tiene el gobernante Frente Sandinista, la Contraloría ha mantenido una postura dócil por medio de la aprobación general de todas las solicitudes de exclusión de procedimiento hechas por las diversas carteras del Poder Ejecutivo.
“Hoy la que responde por cualquier falla o irregularidad que se pudiese dar es la Contraloría (por ser quien aprueba la contratación). Hoy el funcionario lo que podría decir es ‘yo me lavo las manos, porque quien me autorizó fue la Contraloría’, y por tanto, si ocurre una falla, es la Contraloría la que tiene que responder”, continuó.
En el Presupuesto General de la República 2011 se establece un incremento en la partida asignada al MTI de 201 millones de córdobas, dejando su presupuesto total en 2,523 millones 371 mil 431 córdobas.
Este incremento fue financiado por medio de una reducción de 304 millones de córdobas a la partida asignada al Consejo Supremo Electoral (CSE) para entregar a los partidos políticos que participarán en las próximas elecciones presidenciales.
Esta movida del Gobierno fue para oxigenar al MTI a raíz de los daños causados por el invierno pasado.
El programa publicado por el MTI no deja claro si estas contrataciones directas estarían vinculadas a la ejecución de proyectos que fueron dañados por las lluvias y que ameritan su rehabilitación a la brevedad posible.
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