Nicaragua es un país que se ha especializado en perder grandes oportunidades. O mejor dicho, somos los nicaragüenses los que las hemos perdido, porque el país es tan sólo un concepto jurídico y político que sirve para designar el conjunto del territorio, la nación, la sociedad y el Estado. Quienes razonan y toman decisiones, y por lo tanto aprovechan o pierden las oportunidades, son las personas y más exactamente los ciudadanos que habitan en el país.
Se conoce que las buenas oportunidades no se presentan a menudo y, por lo tanto, cuando llegan hay que saber aprovecharlas. Sin embargo en Nicaragua hemos perdido tres grandes oportunidades históricas en sólo tres décadas.
Perdimos la oportunidad que se creó después del terremoto de 1972, cuando hubo la posibilidad no sólo de reconstruir Managua, sino también de construir una nueva sociedad, libre y democrática, contando para ello con una gran ayuda internacional.
Desperdiciamos después la oportunidad que ofreció el derrocamiento popular de la dictadura somocista, en 1979, que atrajo una cooperación externa todavía mayor para construir un nuevo país fundado en la libertad, la democracia, la paz, el desarrollo económico y la prosperidad social. Pero la nueva dirigencia del país tomó el camino extraviado que condujo a otra dictadura, a otra guerra civil peor que la anterior y a una catastrófica situación económica y social.
Perdimos, más adelante, la oportunidad que se presentó en 1990 con la sustitución de la dictadura sandinista por medio de una elección popular. Sucedió entonces que la sociedad libre, la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho que se comenzaron a construir y se desarrollaron venciendo grandes dificultades —sobre todo el sabotaje del “gobierno desde abajo” impuesto por Daniel Ortega— fueron abortados por un pacto entre caudillos ambiciosos y corruptos que facilitó la restauración del autoritarismo gubernamental y del fraude electoral.
Sin embargo, este año 2011 que acaba de comenzar ofrece una nueva oportunidad para retomar el camino de la gobernabilidad democrática, de la transparencia gubernamental, de la concordia nacional, de la convivencia pacífica, de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, que son indispensables para que el crecimiento económico sirva para suprimir la pobreza extrema y promover el desarrollo humano sostenible, no sólo para enriquecer a los gobernantes y sus asociados.
Lo único que hace falta, para que esta nueva oportunidad no se malogre igual que las anteriores, es que el gobierno de Daniel Ortega asuma y cumpla el compromiso de garantizar que las elecciones de noviembre sean libres y limpias; de respetar la voluntad que los ciudadanos expresen en las urnas de votaciones; de permitir que las elecciones sean una fiesta cívica certificada por observadores nacionales y extranjeros; de que si el partido de gobierno pierde la votación popular, entregará el poder voluntariamente.
Sólo eso, que en cualquier país democrático —para no ir tan lejos, en el vecino Costa Rica— es algo tan corriente que ni siquiera amerita discutirse, es lo que se requiere en Nicaragua a fin de no perder la nueva oportunidad que se nos presenta para vivir y gobernarnos como gente civilizada.
Lamentablemente, Daniel Ortega no está dando señales de estar interesado en aprovechar junto con todos los nicaragüenses la gran oportunidad democrática que podrían representar, si él quisiera, las elecciones nacionales de este año. Los atropellos a la Constitución que Ortega ha perpetrado para imponer su candidatura a una nueva reelección presidencial, la cual está expresamente prohibida por la misma Ley Fundamental de la República; la amenaza del ex comandante Tomás Borge, de que el Frente Sandinista está dispuesto a hacer cualquier cosa para no entregar el poder nunca más; el nombramiento de un servidor incondicional y agente represivo del orteguismo como fiscal nacional electoral, son señales que sólo pueden entenderse como un mensaje ominoso de que las elecciones del próximo noviembre no serán libres, ni limpias, ni honestas, ni confiables y mucho menos respetables.
Pero tampoco en la oposición se está haciendo lo necesario para aprovechar la nueva oportunidad histórica que podría representar el proceso electoral de este año. Ni podrá hacerlo mientras un sector importante de la oposición siga insistiendo en el caudillismo arnoldista de abajo como alternativa al caudillismo danielista de arriba. Esto es seguir andando por el camino indigno y dañino del pactismo, del caudillismo, del autoritarismo y la corrupción, que sólo puede conducir al abismo, una vez más.
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