Una Corte Suprema de Justicia (CSJ) integrada por personas que ya no son magistrados, violaciones a la Constitución, integración ilegal de conjueces, sentencias espurias, narcoliberaciones y ofensas entre magistrados, marcaron este año al Poder Judicial.
Y es que desde inicio de este año las cosas no empezaron bien en el Poder Judicial, ya que la CSJ, que constitucionalmente está integrada por 16 magistrados, solo estaba conformada por 15, debido al fallecimiento en el 2009 del magistrado liberal Guillermo Selva.
En la Asamblea Nacional no se nombró a nadie en sustitución de Selva porque supuestamente se iba a hacer en abril, cuando se les vencieran los períodos a los sandinistas Rafael Solís y Armengol Cuadra, así como al liberal Dámicis Sirias.
La crisis iba para largo en la Asamblea Nacional, donde se tenía previsto nombrar en total a 25 autoridades de poderes del Estado luego de vencerse el periodo de los cargos para los cuales fueron electos.
El 10 de enero el presidente Daniel Ortega, pasando por encima de la Constitución, que no le otorga facultad para realizar nombramientos que no sean del Ejecutivo, emitió el decreto 3-2010, en el que ordena que se mantengan en sus cargos todas las autoridades de instituciones y poderes del Estado a las cuales se les vencieran sus períodos en el 2010, mientras la Asamblea Nacional no nombrara a las nueva autoridades. A esta acción se le conoció como el “decretazo”.
En ese mismo mes de enero, magistrados de apelaciones y una juez sandinista, Irma Laguna, dieron a conocer que seguían “vivas” tres causas judiciales en contra del ex presidente Arnoldo Alemán, por los casos conocidos como “Narcojet”, las “vaquillas del IDR” y “Mayco”.
En el seno de la Corte Suprema los sandinistas resentían el hecho de que el entonces magistrado presidente, el liberal Manuel Martínez, no convocara a reunión de Corte Plena.
Martínez explicó en reiteradas ocasiones dos motivos para no convocar a Corte Plena: los liberales estaban en desventaja numérica para tomar decisiones importantes, siete a ocho en relación con los sandinistas; además de que los magistrados afines a Ortega querían aprovechar dicha ventaja para legitimar la supuesta sentencia de octubre del 2009 que permite al actual mandatario ser candidato nuevamente en las elecciones del 2011, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección presidencial continua.
MOVIDAS ESTRATÉGICAS
La diputada sandinista Alba Palacios presentó en la Sala Constitucional de la CSJ, en el mes de febrero, un recurso de conflicto de competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo.
- Parecía que no habría más escándalos en el Poder Judicial, hasta que a comienzos de diciembre WikiLeaks reveló informes de la diplomacia norteamericana, sobre que en Nicaragua el partido FSLN vende sentencias absolutorias a narcos para financiar sus campañas electorales.
Algunos de ellos fueron condenados a 10 años de prisión, otros a 8 y 7 años de prisión, según los delitos imputados.
“Acciones como las realizadas en este caso, por el Tribunal de Apelaciones de Granada, afectan al Estado y la salud pública de la sociedad nicaragüense. Asimismo, van en contra de la política de Estado de luchar contra el narcotráfico, para que ese flagelo no siga arraigándose en nuestra sociedad”, reaccionó la Procuraduría General de la República (PGR).
[/doap_box]
Según Palacios, en dicho recurso reclamaba que Ortega había invadido funciones de la Asamblea con la emisión del decreto 3-2010, pero en realidad era una estrategia de los sandinistas para que la CSJ, dominada por magistrados del FSLN, le dieran la razón al presidente Daniel Ortega.
Mientras los magistrados liberales y sandinistas se debatían en un “estire y encoge”, los primeros por que no se radicara el recurso de Palacios en la Sala Constitucional y los segundos por que se tramitara, se llegó al mes de abril, y el día nueve se les vencieron los períodos a Solís, a Cuadra y a Sirias.
Tanto Cuadra como Solís se acogieron inmediatamente al decreto de Ortega para continuar en sus cargos, mientras que el liberal Sirias, supuestamente en un acto de honestidad, se retiró del puesto, aunque conservaba la camioneta asignada por el Poder Judicial.
Los magistrados liberales comenzaron a protestar la presencia de Solís y de Cuadra en las audiencias de la Sala Penal y las reuniones de las demás salas de la CSJ.
OFENSAS Y ATAQUES
En una de las audiencias, Solís ordenó al secretario de la Sala Penal, José Fletes, que las actas debían llevar su firma y la de Cuadra, lo cual provocó que el magistrado liberal Gabriel Rivera lo llamara guardia y le recordara su pasado militar.
“¡Cállese, matón!”, fue la respuesta de Solís a Rivera, ante toda la audiencia presente.
Tanto Solís como Cuadra fueron apoyados por los sindicatos sandinistas del Poder Judicial, quienes obligaban a los trabajadores a abandonar sus puestos de trabajo para realizar marchas a favor de los ex magistrados.
La más relevante de dichas marchas fue la que protagonizaron primero hacia la Asamblea Nacional y luego al hotel Holiday Inn, donde sesionaban los diputados de la oposición.
Solís apareció en todos los medios de comunicación como la persona que dirigía la marcha, entre la cual se mezclaron turbas sandinistas que cargaron a morterazos contra el hotel, causando daños en la infraestructura y espantando a los huéspedes nacionales y extranjeros.
Después de diversas reuniones, los magistrados liberales optaron por no asistir a las reuniones de la CSJ hasta que no salieran de las mismas Solís y Cuadra, pero los sandinistas se mantuvieron firmes en que los ex magistrados usurparan los cargos.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista René Núñez Téllez, anunció en el mes de junio la publicación de una nueva edición de la Constitución Política en la que se incluyó el segundo párrafo del artículo 201, el cual estaba en la primera edición de 1987, en el capítulo de disposiciones finales y transitorias, y el cual señalaba que los magistrados de la CSJ y del Consejo Supremo Electoral (CSE) debían permanecer en sus cargos hasta que la Asamblea no nombrara a las nuevas autoridades de dichos poderes del Estado.
La oposición señaló que dicho párrafo ya estaba derogado, pero los sandinistas refutaron que no existía un acta en la cual explícitamente se evidenciara la derogación y lo que había ocurrido era una omisión de la publicación del mismo en las ediciones posteriores a la de 1987.
En ese mismo mes de junio se vencieron los períodos a las autoridades de la CSJ, a Manuel Martínez como presidente y a los presidentes de las Salas. Como Martínez no convocó a Corte Plena para elegir a las nuevas autoridades, los sandinistas ubicaron a la magistrada Alba Luz Ramos al frente del Poder Judicial, debido a su condición de primera vocal.
Fue Ramos quien en agosto convocó a los conjueces para sustituir a los magistrados liberales. Aunque la Constitución establece la figura del conjuez (magistrado suplente en la CSJ), los liberales alegaron que no había una normativa que estableciera la forma en que un conjuez iba a suplir a un magistrado titular.
Ramos mandó a publicar un acuerdo de Corte Plena, en el que establecía dicho procedimiento, lo que para los liberales fue una violación más a las leyes.
Los sandinistas Ivonne Astrid Cruz, Juan Pablo Obando, María Auxiliadora Martínez, William Villagra, Patricia Delgado y los liberales Ignacio Miranda y Félix Pedro Ocampo fueron los conjueces que a partir del 11 de agosto comenzaron a suplir a los seis magistrados liberales y a Sirias.
En conjunto con los conjueces, los magistrados sandinistas hicieron de las suyas en el Poder Judicial, logrando emitir en septiembre una supuesta sentencia en que se le otorga facultades a Ortega para haber emitido el decreto 3-2010 y se le da vigencia al segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución.
Hasta entonces los magistrados liberales se habían mostrado aparentemente opuestos a las acciones de los sandinistas, pero a finales de octubre decidieron regresar a las labores de la CSJ, sin oponerse a todas las decisiones ilegales que los sandinistas habían tomado desde que ellos se habían retirado en protesta por la presencia de Solís y Cuadra.
CUAREZMA RESISTE
El único de los magistrados liberales que no quiso regresar fue Sergio Cuarezma, quien fue amenazado con ser destituido por oponerse a las decisiones de los sandinistas.
El puntillazo final lo dio Sirias, cuando a finales de noviembre también se acogió al decreto de Ortega y a la supuesta vigencia del párrafo segundo del artículo constitucional 201.
El Poder Judicial cerró el 2010 con tres ex magistrados usurpando cargos, con escandalosas narcoliberaciones y una Corte Suprema que no tiene sus Salas debidamente conformadas, sino que emite sentencias en grupos de trabajo.
Los magistrados también dejaron pendiente para el 2011 la elección de 10 magistrados de apelaciones a quienes se les vencieron sus períodos en octubre pasado.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
