Los principales directivos de LA PRENSA denunciaron ayer ante la Policía la nueva agresión perpetrada en la medianoche del miércoles y la madrugada del jueves de esta semana, contra este Diario, por parte de individuos organizados y azuzados, y en todo caso apoyados, por una central sindical que obedece al gobierno de Daniel Ortega.
Ésta ha sido la cuarta vez en un mes que esos individuos han agredido a LA PRENSA, disparando morteros contra sus instalaciones, bloqueando los portones de entrada y salida, boicoteando la circulación del periódico, e inclusive hostigando la residencia de nuestro Gerente General, ingeniero Hugo Holmann Chamorro, y amenazándolo junto con su familia y el personal de servicio de su residencia.
Los agresores contra LA PRENSA también han amenazado con destruir vehículos de distribución del periódico y con atacar personalmente a sus directivos y funcionarios, inclusive a periodistas de este Diario que se movilizan por las calles en busca de la información para el público.
Pero además de atentar contra la seguridad y la tranquilidad de las personas, los agresores que han sido denunciados ante la Policía con sus nombres y apellidos, atentan también contra la libertad de prensa, cual es al fin y al cabo su verdadero objetivo, en ejecución de una política gubernamental deliberada de censurar indirectamente a LA PRENSA, por medio de la intimidación y el chantaje.
Además, en este comentario editorial especial queremos denunciar la pasividad, rayana en la complicidad, de la autoridad policial de Managua que tiene la obligación de impedir que se obstaculice la circulación de LA PRENSA y que se agreda a sus instalaciones y que se atente contra sus directivos y empleados.
No culpamos por esto a la Policía Nacional como institución, sino personalmente al jefe del Distrito 4 y al jefe de la Policía de Managua, quienes deben garantizar la circulación del periódico y tienen la obligación de impedir que se cometan los delitos contra la libertad de prensa que estamos denunciando.
Al incumplir su deber profesional y violar su compromiso ético, esos jefes policiales actúan de hecho como cómplices de las agresiones contra las personas, contra la libertad de prensa y contra la propiedad. Y parecen activistas de un proyecto regresivo para que la Policía deje de ser nacional y profesional, y que vuelva a ser partidista, sandinista y peor aún orteguista.
Pero si los jefes intermedios de la Policía por la razón que sea no cumplen su deber, la autoridad policial superior debe tomar cartas en el asunto, garantizar la seguridad de LA PRENSA y proteger el derecho a la libertad de prensa como lo mandan la Constitución y las leyes de Nicaragua.
