Aún no se había apagado el eco de las palabras de los magistrados judiciales, rechazando el contenido de las filtraciones de WikiLeaks de los documentos “diplomáticos” de Estados Unidos relacionados con Nicaragua, en los que se menciona la corrupción que corroe a la administración de justicia particularmente en cuanto al narcotráfico, cuando se conoció sobre la sentencia que la Corte de Apelaciones de Granada dictó esta semana, para absolver y ordenar la libertad de varias personas que habían sido condenadas por ese grave delito.
Como se sabe, el lunes 6 de diciembre el diario El País, de España, dio a conocer algunos de los documentos sobre Nicaragua filtrados por WikiLeaks, entre ellos el cable 63040 en cuyo punto 30 se dice que “Daniel Ortega y los sandinistas regularmente reciben dinero para financiar las campañas electorales del FSLN de traficantes internacionales de drogas, por lo general a cambio de ordenar a los jueces sandinistas permitir que los traficantes capturados por los policías y los militares sean puestos en libertad”.
El magistrado orteguista de facto de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, reaccionó a las revelaciones de WikiLeaks que lo mencionan a él personalmente, calificándolas como “canalladas”. Más comedida, la magistrada también sandinista, Alba Luz Ramos, reconoció “que sí se han presentado casos de jueces que han vendido sentencias a narcotraficantes”, pero aseguró que se trata de situaciones aisladas. “Siempre hay gente que se sale de las normas establecidas, aquí y en todos lados, pero yo creo que también está claro que esas personas no están ya en el Poder Judicial precisamente por eso”, aseguró Ramos.
Sin embargo, solo dos semanas después la Corte de Apelaciones de Granada dictó la sentencia que favorece a 9 personas que habían sido condenadas por el delito de narcotráfico, lo cual ha impactado a la ciudadanía y vuelve a poner en grave entredicho al moralmente derruido Poder Judicial de Nicaragua.
Cabe recordar que al comienzo de este año, la opinión pública fue sacudida al saber de la liberación de varios narcotraficantes nacionales y extranjeros, ocurrida en diciembre de 2009, algunos de ellos gracias a resoluciones judiciales y otros mediante una orden judicial de libertad falsificada.
Por otra parte, en un informe sobre Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos 2010 que dio a conocer el Departamento de Estados de Estados Unidos, se señaló que “la corrupción y la interferencia política siguen afectando el cumplimiento de la ley y la judicatura. La continua politización del Poder Judicial de Nicaragua y la Corte Suprema de Justicia, en particular, es un obstáculo preocupante en los esfuerzos por hacer cumplir la ley”. Y en otros dos informes internacionales que divulgó igualmente el Departamento de Estado, uno sobre la situación de los derechos humanos y el otro sobre el combate al terrorismo en 2009, se consignó que “en la práctica, muchos miembros del Poder Judicial no emiten juicios imparciales en materia civil y no son independientes de influencias políticas o de otro tipo”; y que “el Poder Judicial está altamente politizado, corrupto y susceptible de manipulación por las élites políticas y la delincuencia organizada”.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, diputado liberal José Pallais, corroboró aquellos graves señalamientos sobre el Poder Judicial de Nicaragua, al señalar que éste es “la primera institución del Estado en ser penetrada por el narcotráfico internacional”. Y agregó Pallais que “ya no podemos decir que el crimen organizado está pretendiendo instalarse en Nicaragua; las evidencias son tan seguidas que ya podemos afirmar que tiene base en el país y que cuenta con todo el apoyo logístico y todo el apoyo político que su estancia requiere”.
Realmente, en medio de la bancarrota institucional y moral que sufre todo el sistema de gobierno imperante en Nicaragua, la administración de justicia se encuentra en la peor situación. Y precisamente la putrefacción judicial es la mejor prueba de la imperiosa necesidad de la revolución moral y de la honestidad gubernamental, que propone don Fabio Gadea Mantilla levantando la bandera enarbolada por el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en la época del régimen somocista, el cual era bastante corrupto pero ha sido ampliamente superado por el régimen orteguista.
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