Un panorama sombrío en materia de derechos humanos avizoran para 2011 representantes de organizaciones de derechos humanos existentes en el país, quienes toman como referencia muchas de las acciones emprendidas durante el presente año por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, con consecuencias negativas para el Estado de derecho en el país.
Roberto Petray, representante de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), consideró que se agudizará el deterioro de los derechos humanos de los nicaragüenses, sobre todo en el campo político, por ser el 2011 un año electoral.
Mencionó Petray que el hecho de que la cedulación la realizan de forma partidaria, les hace presumir que el próximo año que se avecina podrían registrarse “revueltas y problemas” en el país durante el período electoral.
En cuanto a la entrega de las cédulas, el funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, recordó que no solamente se trata de una entrega organizada de cédula a las fuerzas pro gubernamentales, sino que las entregan “de manera oficiosa” y sin ningún reparo a sus estructuras organizadas por el partido de gobierno, mientras que para el resto de la población la entrega del documento de identidad fue privatizada.
Carrión señaló además que el año cierra con alta concentración de poder “y el mensaje no tan grato de la militarización de la sociedad(…), el país cierra en estado de deshecho y no de derecho”.
Es por ello que Carrión considera que, dado que el presente año está cerrando casi como inició, “las señales no se ven tan prósperas para 2011”.
Esto hace además —según Carrión— que se vea el próximo año “con mucha nebulosa”. Y enumeró como antecedentes lo que calificó como “la manipulación y el despojo del orden jurídico”, que fue el llamado “decretazo” de Ortega, que le ha permitido mantener de facto a 25 funcionarios en diferentes cargos públicos y que consideró “es un golpe serio a la institucionalidad”.
- El Obispo Auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, opina que el 2011 será un año complejo, no sólo por el ambiente electoral que habrá, sino por la situación tan peculiar que vivimos de crisis institucional no resuelta, un Gobierno que a toda costa quiere continuar en el poder aún cuando la Constitución no se lo permite, con un Consejo Supremo Electoral que no es confiable absolutamente.
Lo más sano y lo que le daría verdadera legitimidad a un proceso electoral es que las autoridades sean otras y que haya observación extranjera y nacional sin ningún tipo de restricción , dijo Báez quien aseguró que en estas elecciones la Iglesia católica se mantendrá al margen.
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A esto le agregó Carrión “el combo de leyes”, vinculadas con la defensa, seguridad y régimen de fronteras, así como la absolución a los procesados por las quiebras bancarias aplicando la ley de plazos fatales con los que concluyó el presente año la Corte Suprema de Justicia.
A criterio del funcionario del Cenidh, existen dos opciones que el Gobierno puede desplegar el próximo año como estrategia: “Un mete miedo, como fue 2008 de cara a las municipalidades, con sus fuerzas organizadas en las calles o se visten de blanco (…) apostando a las últimas encuestas (de) que van para arriba y una ofensiva de programas asistenciales de mejoría económica y social”.
Petray advirtió que una reelección de Ortega, como pretende para el próximo año, “provocará mucho caos en el país”.
Y recordó los señalamientos que ese organismo hace en su informe anual sobre derechos humanos en el país.
“El Ejecutivo actualmente con su estrategia de mantenerse prolongadamente en el poder ha hecho colapsar la institucionalidad, a fin de poder llegar a su ansiada reelección, ya que a través del decreto 03-2010 mantiene la prórroga de los 25 funcionarios que han caducado en sus funciones; es el caso del Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, contralores colegiados, procuradores de Derechos Humanos y superintendentes de bancos”, señala la ANPDH en su informe.
También refiere el creciente descontento e incertidumbre de los sectores más vulnerables de la sociedad nicaragüense, ante el rumbo del actual Gobierno, suscita una gran preocupación para nuestra institución de derechos humanos.
Y refiere la ANPDH que el índice de desempleo alcanza el 60 por ciento, “por tanto los niveles de pobreza resultan muy altos. La política criolla y sus desafueros resultan muy erráticos por lo que resultamos ser un país altamente emigrante”.
“Nicaragua marcha a la deriva sin condiciones para poder fortalecer sus condiciones de sobrevivencia alimentaria y de seguridad ciudadana; la proyección a nivel nacional depende de la justeza con que se mida al ciudadano, ya que para sobrevivir tenemos que estar sujetos a optar a proyectos de viviendas, carreteras, servicios básicos (…) teniendo que estar condicionados a afiliarse y pertenecer al CPC (Consejo del Poder Ciudadano) del partido de gobierno”, señala el informe anual de la ANPDH.
Para Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), este año el gobierno de Ortega ha reafirmado el deterioro de los derechos humanos de los nicaragüenses, y estima que en 2011 mantendrá la misma tónica, sobre todo por tratarse de un año electoral. Y también por la permanencia de magistrados de facto en el Consejo Supremo Electoral que estarán a cargo del conteo de los votos “y ya sabemos como actúan estos señores, sólo a favor de Daniel Ortega”, señaló Carmona.
“No creemos que haya un avance sustantivo en cuanto al respeto de los derechos humanos ya que el Presidente es el mayor violador de los derechos humanos”, dijo Carmona.
El representante de la CPDH estimó que el mensaje del Consejo Supremo Electoral de que no habrá observación sino acompañamiento es “mal signo” de que no habrá respeto a la institucionalidad.
Para el abogado del Cenidh, pese a todo el panorama sombrío planteado para el 2011, debe representar para los defensores de derechos humanos y la población en general “mucho desafío”, pues “el espíritu de vivir en libertad es lo que nos va a motivar en medio de estos desafíos que provocan la mayor concentración de poder”.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, lamentó que actualmente el sistema de justicia en el país es de premio a los allegados al Gobierno y castigo a los que lo critican. Y mencionó el caso de varios jóvenes amenazados de muerte tras denunciar el atropello de funcionarios del Gobierno sin que la Fiscalía y Policía lo investiguen.
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