Por Josué Bravo
CORRESPONSAL /COSTA RICA
La mandataria Laura Chinchilla, explicó que su gobierno unilateralmente no podía revocar un decreto que declaró de interés público a Crucitas o eliminar permisos ambientales, tal y como se lo han solicitado grupos ecologistas que se oponen al proyecto minero.
«Nosotros hemos manejado esto con mucha seriedad, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tuvimos algunas sugerencias de que actuáramos de manera unilateral, nosotros no podíamos necesariamente exponernos a un manejo unilateral del tema precisamente previendo futuras demandas al estado costarricense», declaró la presidenta.
El Tribunal Contencioso Administrativo falló en contra del Estado y la empresa canadiense Industrias Infinito; eliminando la concesión de viabilidad ambiental para extraer oro en Crucitas a la empresa canadiense Industrias Infinito.
También el Tribunal eliminó el decreto ejecutivo que declaró de interés público la minería y ordenó a las partes condenadas, al pago de daños ambientales por bosque talado en el proyecto, hace dos años.
El bosque se taló a raíz del decreto que declaró de de interés público y conveniencia nacional la mina, el cual fue firmado por el entonces presidente Oscar Arias y el ministro de ambiente, Roberto Dobles, a quienes la fiscalía los investiga por prevaricato porque supuestamente se saltaron procedimientos de ley.
Grupos ambientalistas realizaron marchas, huelgas de hambre y múltiples actividades para solicitarle a Chinchilla que derogara el decreto minero, pero no lograron el objetivo hasta que falló el Tribunal.
«(Ahora) es una cosa muy distinta, el Ejecutivo hubiese decidido de manera unilateral (eliminar el decreto) sobre la base de un criterio político, a que ahora tengamos sentencia judicial que falló sobre el caso», declaró la mandataria.
La empresa canadiense analiza si apelará el fallo o busca un arbitraje internacional para que el estado costarricense le indemnice unos 1,350 millones de dólares, tras el fallo adverso que debe ser refrendado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
«Cualquiera que sea la vía, ya sea que se vaya esto a nivel de apelación o que se vaya esto por la vía de un arbitraje internacional, nosotros no podemos evitarlo. Lo que sí nos corresponde es defender obviamente los intereses del estado. Y si se nos mete una demanda por indemnización, procurar que esa sea la menor (cantidad de dinero) posible», finalizó la mandataria.
Según los jueces del Tribunal, la viabilidad ambiental otorgada a Industrias Infinito por el estado, a pesar de haber una moratoria contra la minería a cielo abierto; hace pensar que hubo concurrencia de voluntades para que de cualquier manera se realizara el proyecto.
«En el presente caso se han detectado ilegalidades tan significativas, que este Tribunal estima pertinente comunicar la sentencia a otros órganos públicos, con el fin de cada uno de ellos determine si, aparte de las nulidades declaradas por este cuerpo jurisdiccional, proceden algunas otras responsabilidades por parte de personas cuyas actuaciones han resultado de relevancia para la producción de las conductas administrativas aquí declaradas nulas», según la sentencia del Tribunal.
