Por Josué Bravo
CORRESPONSAL /COSTA RICA
Una ley migratoria que en teoría facilita la documentación de los extranjeros, ha dejado dificultades y hasta pérdidas económicas a nicaragüenses que solicitaron permisos de trabajo que al final fueron denegados por las autoridades migratorias y laborales de Costa Rica.
El nicaragüense Francisco Javier Ruiz Urbina, solicitó este año ante Migración y Extranjería un permiso para laborar como guarda de seguridad, pero hace semanas se lo denegaron porque el Ministerio de Trabajo resolvió que no había disponibilidad para esta área.
La solicitud la planteó luego del anuncio, aunque discreto, de las autoridades migratorias ticas de que con la nueva ley había disponibilidad de permisos en áreas como servicio doméstico, construcción, agricultura y seguridad privada.
Cuando le notificaron la denegación del permiso, apenas había invertido 315 dólares en trámites y documentación.
El dinero no lo podrá recuperar por el vencimiento de los documentos y además, porque 200 dólares depositados a una cuenta bancaria de migración para cambiar de categoría, no es reembolsable según la legislación actual; pero esto último, es desconocido por los nicaragüenses antes de iniciar los trámites.
Otro caso parecido es el de Elías René González Medina, a quien le denegaron un permiso para laborar en agricultura e invirtió una cantidad de dinero parecida a la de Ruiz Urbina.
El despacho de prensa informó que en marzo de este año, entró en vigencia una ley migratoria que castiga con el pago de cien dólares mensuales al foráneo que se encuentre en condición migratoria irregular; pero la legislación se ha reglamentado por partes y lo de esta multa se aplicará probablemente en enero, según Migración y Extranjería de Costa Rica.
Detalles como éstos son explicados escuetamente por el despacho de prensa de Migración, dado que la actual directora, Kathya Rodríguez, no se refiere al respecto a pesar de las múltiples solicitudes de entrevista.
Con la nueva ley se encareció el costo de regularizarse en Costa Rica, aunque las autoridades locales no lo ven de esa forma.
El Servicio Jesuita para Migrantes (SJM), con base en la valoración de casos que reciben en sus oficinas, elaboró una tabla de gastos cuyo monto totaliza 774 dólares para documentarse, pero la cifra aumenta si el interesado tramita un permiso de trabajo o cambia de categoría migratoria, pues para esto último deben depositarse los 200 dólares a la cuenta del estado.
«Cada situación es particular y los costos no se pueden generalizar, algunos pueden ser más elevados que otros. Lo que pretendes (la tabla) es visibilizar que hay aspectos que no se consideran en los gastos (para regularizarse) y que no deben desestimarse», manifestó Karina Fonseca, directora del SJM de Costa Rica.
El pago incluye auténticas del Consulado de tico en Nicaragua, pago en cancillerías de los dos países, timbres fiscales y gestión de trámite rápido para la emisión y traslados entre los dos países; por mencionar algunos costos.
