Con el respaldo del FSLN y de 32 diputados de la “oposición” parlamentaria pertenecientes a las bancadas del PLC, la Asamblea Nacional aprobó el lunes 13 de diciembre las tres leyes militares que colocan a la sociedad bajo el predominio del Ejército y a éste bajo el poder omnímodo de Daniel Ortega.
Aprovechando la falta de principios y la corrupción que domina a gran parte de la oposición parlamentaria formal, o sea a cambio del ofrecimiento de prebendas y del mantenimiento de cuotas de poder en el Estado —o más bien de participación en el botín estatal, pues como decía un antiguo liberal de la época somocista, “tonto es quien no participa del Presupuesto General de la República”— , con la aprobación de esas leyes Ortega ha dado un paso muy importante hacia la consolidación de su poder autoritario, revestido de formalidades seudolegales.
Además, la aprobación de las tres leyes militaristas ha servido de pretexto para que el Ejército vuelva a actuar como una fuerza deliberante, y por lo tanto política, a pesar de que la Constitución lo prohíbe de manera taxativa. En efecto, en el artículo 93 de la Constitución Política de Nicaragua se establece que: “El Ejército de Nicaragua es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante”. Deliberar, dice el Diccionario de la RAE, significa: “Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos”. Y desde el punto de vista jurídico, deliberante es el “Que delibera, reflexiona o discute, según sea actitud individual o colectiva, antes de adoptar una resolución. En las esferas parlamentarias y administrativas califica a los órganos colegiados o colectivos que tienen voz y voto en las materias de su competencia, desde el parlamento a los ayuntamientos o municipios”, tal como se dice en el autorizado Diccionario Enciclopédico Jurídico de Guillermo Cabanellas.
De manera que ha sido una flagrante violación de la norma constitucional acerca de que el Ejército no puede ser deliberante, el hecho de que altos mandos militares hayan deliberado, en representación de la institución armada, con los diputados de las bancadas políticas de la Asamblea Nacional, con el fin de lograr la aprobación urgente de las leyes militaristas de Daniel Ortega. Y el colmo es que algunos políticos “opositores” ni siquiera fue en sus despachos que recibieron a los delegados del poder militar, para deliberar sobre dichas leyes, sino que fueron ellos los que llegaron a la comandancia general del Ejército para oír las indicaciones de los funcionarios armados, lo cual además de una transgresión constitucional ha sido una muestra de subordinación al poder militar.
Se puede alegar que la participación de los militares en los cabildeos políticos con los diputados era necesaria, porque el Ejército es el principal interesado en las leyes que se estaban aprobando. Pero eso es falso. No deliberante significa que no se debe deliberar en ninguna forma y por ningún motivo. El Ejército no puede tener puntos de vista particulares que deba deliberar con los políticos. Los intereses del Ejército son representados por el Poder Ejecutivo y personalmente por el Presidente de la República, ya sea de manera directa o por medio del Ministerio de Defensa, y son éstos los que deben cabildear con los políticos y los diputados, cuando se discutan y se aprueben leyes de carácter militar.
“La realidad en la región (de América Latina y el Caribe) demuestra que la deliberación de las Fuerzas Armadas suele ser la antesala para fracturas constitucionales que en todos los casos conducen a graves violaciones a los derechos humanos. Es responsabilidad de todos los sectores, pero prioritariamente del Gobierno, asegurar que las Fuerzas Armadas cumplan exclusivamente los roles de defensa de la soberanía nacional para los que han sido creadas y entrenadas”, se dijo con valor de jurisprudencia política en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, emitido en 2003 pero cuyos conceptos tienen validez permanente y son aplicables a todos los países latinoamericanos.
No se debe perder de vista que cuando van a tomar el mal camino de ponerse al servicio del caudillismo y la dictadura, los militares comienzan deliberando sobre las leyes y otros temas que les atañen, pero terminan con declaraciones y actitudes políticas como las que recientemente proclamaron los jefes de los ejércitos de Venezuela y Bolivia, de que estos son cuerpos armados al servicio de la revolución, del socialismo, del partido y del caudillo populista.
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