Los problemas de los usuarios de tarjetas de crédito son comunes en los países de Centroamérica, pero en Nicaragua la situación se complica, sostienen organismos defensores de los consumidores de la región.
Una alta morosidad en el endeudamiento por tarjetas de crédito —que según cada país anda entre 20 y 40 por ciento—, dificultades de los usuarios para alcanzar arreglos de pago, tasas de interés que no se adecuan al mercado y prácticas anticompetitivas son algunos de los problemas del istmo analizados ayer en Managua.
La valoración que hacen los directivos de la Red de Consumidores en Acción (Consuacción), reunidos en Nicaragua, es que estos problemas se han agravado por la negativa de los gobiernos a establecer regulaciones efectivas sobre el sistema bancario.
Por eso propusieron una Ley de Insolvencia Personal, para cada uno de los países centroamericanos, que otorgue condiciones especiales a los deudores que no puedan cumplir con la deuda.
NADA DE CONDONACIÓN
Mayra Medrano, directora del Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador, aseguró que “no se trata de condonar”, sino de facilitar la solución de problemas que el mismo sistema bancario “ayudó a crear”.
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“Muchas instancias del sistema financiero van sumando a la deuda inicial de capital todo un proceso de sobreintereses, de manera pasiva, por la incapacidad de una persona de poder honrar la deuda, por incapacidad”, explicó.
Dijo que la ley se aplicaría a clientes que hayan perdido sus empleos y enfrenten un detrimento de sus ingresos, que no les permita cubrir sus necesidades básicas. Vía administrativa y judicial se les podría declarar como personas con insolvencia.
Un anteproyecto de esta ley ya fue presentado ante el Parlamento de El Salvador.
Medrano indicó que esta ley no dañaría al sistema bancario, porque los bancos están protegidos por sus propias coberturas de crédito.
Se pretende que la figura de insolvencia o quiebra, que protege a las empresas, pueda aplicarse a los consumidores en estos casos.
Las propuestas de Consuacción también pretenden que se modernicen los contratos de emisión y aceptación de tarjetas de crédito, donde se detallen los cobros, entre otros elementos.
Igual de necesario ven la implementación de programas de educación financiera en todos los países, bajo la responsabilidad del Estado y en coordinación con la banca y las organizaciones.
NICARAGUA CON MÁS PROBLEMAS
Los problemas son similares en la región, pero señalaron que en Nicaragua se agravan, a pesar de existir aquí leyes y normas regulatorias sobre las tarjetas de crédito.
“Aquí (Nicaragua) hay más abusos”, afirmó Salvador Arias, economista y miembro de la organización de El Salvador.
Arias, quien realizó un estudio sobre el endeudamiento de los Estados de la región, valoró que el crédito por tarjetas en Nicaragua es el más caro, porque los bancos cobran tasas de interés del 50 por ciento anual sobre el uso y aplican un cobro del 30 por ciento de interés por mora.
“Eso significa que un usuario paga 80 por ciento de interés, eso es un abuso”, afirmó.
La tasa más alta en El Salvador es de 48 por ciento anual y los bancos la aplican a las tarjetas de crédito cuyo monto no supera los 500 dólares.
Medrano explicó que en El Salvador hay 300 mil tarjetahabientes a quienes les aplican ese porcentaje. Son el 50 por ciento del total de usuarios, porque en El Salvador el total de clientes de tarjetas de crédito está calculado en 600 mil.
Medrano dijo que por ser la mitad de los clientes los que pagan la tasa de interés más alta, eso está “dañando seriamente a las familias” y “evidencia una mala práctica del sistema que debe corregirse”.
En Guatemala y República Dominicana la tasa de interés corriente no supera el 30 por ciento. En Panamá es la más baja, el 20 por ciento. Costa Rica y Honduras andan entre estos márgenes.
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