BOGOTÁ/AFP/EFE
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El informe, enviado en 2009 por el ex embajador Michael Mckinley, ahora en Bogotá, acusa al jefe del ejército peruano, general Paul da Silva, de haberse reunido con un empresario pesquero antes de que este último fuera detenido en 2007 por tratar de sacar del país 840 kg de cocaína en un embarque de pescado congelado. El cable señala además que “altos mandos militares reciben lucrativos pagos de los traficantes de drogas que operan en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE)”, la mayor zona cocalera de Perú, en el sudeste.
Mckinley también asegura que la red de corrupción que creó Vladimiro Montesinos en la década pasada, cuando era el todopoderoso asesor del por entonces presidente Alberto Fujimori, sigue funcionando.
El general Da Silva afirmó que las acusaciones contra militares de diverso rango de recibir dinero del narcotráfico son “totalmente falsas”, subrayando que si el diplomático tenía información debió alertar a las autoridades peruanas. De igual manera desmintió las declaraciones sobre su caso particular.
Mientras, el ministro de Defensa, Jaime Thorne, declaró que no hay evidencia de que en el ejército peruano sobreviva “una red de corrupción” implantada por Montesinos, que actualmente purga una pena de 25 años de cárcel.
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El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, contempló la posibilidad de utilizar la fuerza para frenar lo que consideraba un proyecto expansionista del mandatario venezolano Hugo Chávez, según un cable confidencial del departamento de Estado filtrado por WikiLeaks.
“La mejor forma de enfrentar a Chávez, según el punto de vista de Uribe, sigue siendo la acción, incluyendo el uso de la fuerza militar”, según un cable de la embajada estadounidense en Bogotá fechado el 17 de enero de 2008, en el que se reporta un encuentro entre el entonces mandatario colombiano y el jefe del estado mayor conjunto de Estados Unidos, Michael Mullen.
Uribe consideraba que Chávez tenía un plan expansionista en la región, a un plazo de cinco a siete años, y pensaba que el líder bolivariano planeaba usar a las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como su propia milicia en Colombia.
Uribe barajó enviar tropas a Venezuela para capturar a líderes de las FARC supuestamente ocultos en ese país. De acuerdo al cable, en la reunión Uribe aseguró que estaba “preparado para autorizar a tropas colombianas a cruzar hacia Venezuela, arrestar a líderes de las FARC y traerlos ante la justicia colombiana”.
El encuentro entre Uribe, Mullen, y el entonces embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, tuvo lugar menos de dos meses antes del bombardeo militar ordenado por Uribe contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, que se produjo el 1 de marzo de 2008.
Según otro cable, fechado en 2007 y difundido este fin de semana por el diario español El País, Uribe sostuvo que la expansión revolucionaria de Chávez en América Latina es “una amenaza comparable a la de Hitler en Europa”, durante una reunión en Bogotá con senadores de EE.UU. y el equipo diplomático de la Embajada.
Durante su segundo período en el Gobierno (2006-2010) y especialmente en los últimos meses, Uribe denunció en repetidas ocasiones que varios jefes de las FARC se ocultaban en Venezuela y que ese país no colaboraba con Colombia para poder detenerlos. Esas acusaciones llevaron a Chávez a romper en julio pasado las relaciones con Colombia, que fueron restablecidas el 10 de agosto por el mandatario venezolano y el actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
CUESTIONAN CREDIBILIDAD
Por otra parte, el Vaticano advirtió el sábado contra la credibilidad otorgada a las informaciones reveladas por WikiLeaks, después que el diario inglés The Guardian publicara una nota diplomática estadounidense cuestionando su actitud en un caso de pedofilia.
Según esta nota de la embajada estadounidense en Roma, el Vaticano habría rehusado cooperar en una investigación irlandesa sobre abusos sexuales de menores cometidos por miembros del clero en Dublín, alegando que las demandas irlandesas no habían respetado el procedimiento oficial.
En un comunicado, el Vaticano rechazó “entrar en la apreciación de la extrema gravedad de la publicación de una gran cantidad de documentos… y de sus posibles consecuencias”.
“Naturalmente, tales informes reflejan las percepciones y las opiniones de los que los han escrito y no pueden ser considerados ni como la expresión de la Santa Sede ni como citas precisas de palabras de sus responsables”, prosigue el comunicado.
“Su credibilidad debe ser entonces considerada con reserva y con mucha prudencia”, concluyó.
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