Organizaciones de la sociedad civil rechazaron ayer por separado la posible aprobación de tres leyes que el Presidente de la República, Daniel Ortega, envió a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia, ya que consideran que con ellas se subordina la sociedad civil al Ejército Nacional y, por ende, al Presidente.
Las organizaciones que forman la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), entre ellas la Coordinadora Civil, coinciden en que el Presidente quiere pasar de una dictadura institucional a una dictadura militarizada, para reprimir al pueblo nicaragüense cuando éste desee manifestarse.
“El regalo de Navidad que quiere dar es revivir ‘la doctrina de seguridad nacional’ de la guerra fría y de la confrontación propias de la época ya superada”, dijo Marlia Avendaña, miembro de la Juventud por la Democracia de Nicaragua, quien leyó el pronunciamiento de la UCD.
Dos pronunciamientos exigen a los diputados no aprobar esas leyes, y al Ejército Nacional no prestarse a esas maniobras que los convertirían en una entidad al servicio de un partido o de una familia, como fue antes de 1979 la Guardia Nacional.
También llaman a la ciudadanía a no permitir que se imponga un modelo autoritario.
La UCD hizo un llamado a los militantes de los partidos políticos a movilizarse y exigir a sus dirigentes que no sean instrumentos de esa agresión a los derechos humanos.
HABLAN CON DIPUTADOS
Violeta Granera, dirigente de la UCD, dijo que han tenido conversaciones con diputados aliados del partido de Gobierno, para hacerles ver la gravedad y las consecuencias que pueden darse al aprobar estas leyes.
“Dicen que no van a aprobar las leyes en trámite de urgencia, que están preparando una contrapropuesta y si no hay consenso se van a abstener de aprobar dicha leyes”, afirmó Granera, sin mencionar quiénes fueron los diputados que se comprometieron a no votar.
La noche del jueves el Presidente negó que sus pretensiones sean volver a imponer el Servicio Militar Obligatorio. Sin embargo, Sofía Montenegro, también miembro de la UCD, dijo que eso no es creíble.
“No se le puede dar el más mínimo voto de confianza a Ortega, toda la cortina de humo que ha querido utilizar como coartada obliga a sospechar que efectivamente han provocado el incidente con Costa Rica para justificar la aprobación de estas leyes, para poder reprimir militar y legalmente cualquier futura protesta del pueblo en contra de los abusos y el robo de las elecciones”, manifestó Montenegro.
Añadió que esas iniciativas de Ortega le traen a la memoria los famosos Becat (Brigadas Especiales Contra Ataques Terroristas), de la dictadura de Anastasio Somoza. “Lo que está detrás es el regreso de una guardia pretoriana y si el Ejército no quiere que se le vuelva a identificar con la Guardia de Somoza, más vale que pida disculpas al pueblo y retire esa propuesta”, expresó Montenegro.
Irving Dávila, miembro de la comisión de gobernabilidad de la Coordinadora Civil, dijo que el concepto de la doctrina militar que plantea el Gobierno en esas tres leyes significa la subordinación de los recursos humanos y materiales para la defensa de la patria, de la integridad y estabilidad de la patria.
“Con esto se faculta al Presidente a movilizar a todos los funcionarios públicos, como ya lo ha hecho al llevarlos a las rotondas, sólo que ahora los armaría cuando él piense que se atenta contra la seguridad del Estado”, advirtió Dávila.
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