Una parte del gremio médico nicaragüense afirma estar “arrinconado” y “estresado” tras el veredicto de culpabilidad contra la anestesióloga Auxiliadora Zapata, por el supuesto homicidio en comisión por omisión en perjuicio de la víctima Alicia Fernández Romero, paciente a la que administró anestesia raquídea durante la práctica de una operación estética, en abril pasado.
El juicio concluyó a las 5:00 a.m. de ayer en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio, a cargo de la doctora Adela Cardoza.
Los médicos consultados solicitaron una revisión de la Ley General de Medicina, Ley 423, porque consideran que la misma es “muy agresiva” para la labor de los galenos, principalmente porque el Ministerio de Salud (Minsa) “no garantiza las condiciones requeridas en los centros hospitalarios del país”, según René García, médico residente del Hospital Bertha Calderón.
El doctor Sergio Sáenz, cirujano de la Unidad de Cuidados Intensivos del Bertha Calderón, exigió a las autoridades sanitarias que “si permiten que estén condenado a los médicos, (la institución) está en la obligación de crear las mejores condiciones de países desarrollados (en los hospitales de Nicaragua) porque nosotros nos enfrentamos a mucha escasez (de instrumentos y equipos médicos)”.
El artículo 38 de la Ley 423 tipifica como falta muy grave cualquier práctica que cause daños irreversibles en la salud de los pacientes, incluso la muerte.
Esta falta será sancionada con una multa entre 30 y 50 mil córdobas, sin perjuicio de la reparación e indemnización de daños a los afectados y de la acusación penal de la acción respectiva si estuviera tipificada como delito.
“La Ley es agresiva. En muchos casos se nos trata como criminales, y eso que un criminal mata, va a la cárcel y luego sale, pero con nosotros la gente saca provecho porque, además de la pena, el médico tiene que pagar multas, el Minsa cobra una multa, los familiares de los pacientes afectados piden otra cantidad y eso es una ofensa para el médico”, alegó Luis Latino, médico residente de ginecobstetricia.
La fiscal Karla Santamaría dijo a LA PRENSA, por la vía telefónica, que ella como representante del Ministerio Público en el debate de la pena solicitó 15 años de prisión para la acusada, que equivale a la pena máxima, mientras que el abogado defensor Léster Matus, la mínima de 10 años de cárcel.
La juez Cardoza fijó la lectura de la sentencia para la próxima semana.
RESPALDAN A ZAPATA
La doctora Martha Espinoza, anestesióloga del Hospital Lenín Fonseca, sostuvo que “sólo el que no es médico puede decir esa aberración o acusar a un médico de matar a un paciente”.
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