El abogado del grupo denominado democrático, Lulio Marenco, preguntó ayer al fiscal Luden Montenegro cuánto tiempo tendrán que esperar para obtener una respuesta del Ministerio Público por las denuncias que por sospechas de corrupción han introducido en contra de varios funcionarios de los poderes del Estado, en particular en contra del magistrado presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas.
“Esperamos que se pronuncien y no nos digan que van a seguir encausando esto”, le dijo Marenco a Montenegro. “Usted siga esperando”, aconsejó Montenegro.
RECLAMO DE ABOGADOS A FISCAL
El reclamo de Marenco y el también abogado Gustavo García se dio al momento de que ellos, junto al ciudadano Jaime Chavarría, denunciaron ante la Fiscalía a los siete magistrados de facto del CSE por sospechas de fraude, peculado y malversación de fondos del Estado de Nicaragua.
Esta vez los denunciantes se hicieron acompañar de uno de los testigos, Reynaldo Salvador Chow Pérez, quien ha denunciado a los magistrados “de utilizar fondos o dinero del presupuesto asignado específicamente a dicho poder del Estado para realizar remodelaciones a sus mansiones”, dice la denuncia.
Entre esas remodelaciones mencionan cambiar totalmente el techo, el piso y pintar totalmente las residencias tanto de Rivas como de otros magistrados “que con el dinero presupuestado lo utilizaron para beneficio propio y no para los fines destinados para la institución”.
“Miramos cómo el señor Roberto Rivas Reyes le ha robado al erario dinero para lucrarse él y su familia junto con otros miembros del Consejo Supremo Electoral”, refiere la denuncia.
“Que responda el señor Roberto Rivas de dónde ha sacado tanto dinero para comprar mansiones en Costa Rica, yate, aviones (…) él gana cinco mil dólares mensuales, por 15 años que tiene son 900 mil dólares en los 15 años que tiene de ejercer la profesión de ladrón en el Estado y ¿cómo va a ser posible que con cinco mil dólares compre tantas cosas?”, cuestionó Marenco.
La denuncia no sólo fue contra el magistrado presidente de facto Roberto Rivas, sino también contra el resto: Luis Benavídez, José Marenco, Julio Ozuna, René Herrera, José Luis Villavicencio y Marisol Castillo.
Chow, por su parte, aseguró que después de que denunció en LA PRENSA la deuda que Rivas contrajo con su empresa y que se rehúsa a pagar, no les dejan ingresar a ningún recinto del CSE. Según dijo el CSE les adeuda casi 60 millones de córdobas incluyendo gastos legales, intereses y que según la denuncia presentada en la Fiscalía el dinero fue usado para beneficios personales.
SUFICIENTES EVIDENCIAS PARA INVESTIGAR
García por su parte manifestó que “lo importante de estas acciones que se están ejerciendo aquí es de que existen las evidencias palpables, documentales y testificales de todos los actos de corrupción del CSE”.
“Lo que llama más la atención, y esto es muy importante porque cabe a nivel nacional e internacional, cómo fue utilizado en las elecciones regionales una tinta que no servía, una tinta que se borraba y dio lugar a que personas que no estaban registradas allá votaran dos, tres y cuatro veces, eso es un fraude palpable, lo ha manifestado el denunciante (refiriéndose a Chow)”, sostuvo García.
García insistió “que la tinta fue comprada en el 2005, 2006, y fue utilizada en 2008 para las elecciones regionales (del Caribe), cuando ya la calidad de la tinta se había perdido, eso lo sabía el Consejo Supremo Electoral y aprovechó para fortalecer el fraude electoral que cometió en 2008”.
Refirió García que al presentar ellos a Chow como testigo y por ser evidentes las pruebas que existen, el Ministerio Público está obligado a investigar y ordenar a la Contraloría General de la República que proceda a las investigaciones.
A criterio de García, los gastos con dinero del erario en casos personales es considerable, pues sólo el avión adquirido por Rivas sobrepasa el medio millón de dólares.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,9 A
