Por Roberto Reyes Ferrey
El sector telecomunicaciones de Nicaragua dentro de poco cumplirá seis años desde que legalmente abrió el libre mercado de todos los servicios, pero desde el inicio de apertura no han ingresado al país nuevas compañías de primera línea que ofrezcan servicios con cobertura nacional y lograr mayor competitividad en los servicios de telecomunicaciones para beneficio de la economía y los consumidores. Lo que se ha presentado es que servicios que estaban en proceso de entrar en competencia a nivel nacional, como la televisión por suscripción y acceso a internet en manos de Estesa, se concentraron en una de las compañías de primera línea en el país (Claro).
La ley No. 200 de telecomunicaciones nos dicta en su artículos 2, inciso 2, y en los artículos 32 y 47, que se debe garantizar la disponibilidad de los servicios en libre competencia, que en ningún caso se podrá vender o transferir licencias y que no habrá monopolio territorial o geográfico del servicio de televisión por suscripción respectivamente. Haber permitido esta concentración de servicios, a) Consolida a esta compañía como la dominante de estos dos servicios más la telefonía fija en el mercado nacional, b) Va en detrimento de la competitividad y c) Pone a los consumidores en un estado de indefensión al disminuirles las opciones de obtener mejores precios competitivos.
A nivel nacional los consumidores están limitados a las ofertas de dos únicas compañías de primera línea (Claro y Movistar) que prestan los principales servicios en la modalidad de monopolio y duopolio. Ciertamente, existen otras ofertas de pequeñas y medianas prestadoras de algunos de estos servicios como el acceso a internet, pero con presencia geográfica y cobertura limitada que deberían expandirse, ya que no hacen mayor competencia a las grandes que cuentan con modernas tecnologías de banda ancha y cobertura nacional.
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Un estudio de consultoría financiado por el Banco Mundial arrojó que el sector de telecomunicaciones tenía que prepararse para enfrentar la apertura del libre mercado. Para esto debía preparar la formulación de un marco legal moderno, transparente y con garantías de seguridad jurídica para los inversionistas de telecomunicaciones y de radiodifusión, en vista que el actual marco legal encabezado por la ley No. 200 y sus reglamentos son en gran medida inaplicables al desarrollo de nuevas tecnologías de banda ancha existentes en el país y carece de las mejores disposiciones y prácticas internacionales, marco legal que tampoco se ajusta a lo convenido en el tratado de libre comercio DR-Cafta que aborda el tema de telecomunicaciones en su capítulo XIII. Acá vemos que Nicaragua está pendiente de cumplir sus acuerdos en relación a la región CA y República Dominicana, principalmente en el tema de portabilidad numérica que es un servicio que dinamiza la competencia, varios países de la región ya cumplen con este punto del tratado.
En Nicaragua el desarrollo del sector telecomunicaciones ha estado destinado a los vaivenes de los gobiernos de turno ya que durante los 16 años de gobiernos democráticos se logró con aciertos y errores salir desde el año 1990 de un atraso de 20 años de obsolescencia tecnológica, período en el que también entraron al país una serie de inversionistas de telecomunicaciones y radiodifusión. Sin embargo en el presente se aprecia el magnífico desarrollo del sector telecomunicaciones en el resto de Centroamérica.
Es lamentable que en Nicaragua se haya perdido el tiempo al ver un sector telecomunicaciones postrado en un estado de recesión desde comienzos del 2005 en que se inicia la apertura, manifestado hoy día en: 1) El estancamiento que el sector mantiene y se visualiza en el pobre crecimiento y penetración de los servicios, 2) La persistencia de servicios monopolizados ante la falta de nuevas inversiones de compañías de primera línea que podrían forzar una efectiva competencia para que los consumidores puedan lograr mejores precios competitivos, 3) Un sector conducido por un marco legal desfasado cuyo anteproyecto de nueva ley de telecomunicaciones nunca terminó de formularse por los actores principales para su aprobación en la asamblea nacional y 4) Un sector que incumple con el DR-Cafta en cuatro años de vigencia.
La recesión evidencia que el Estado carece de estrategias y políticas de desarrollo en el sector telecomunicaciones, afectando la competencia, consumidores y desarrollo socioeconómico del país. No obstante, las oportunidades son prometedoras al ver que los costarricenses tienen un año de haber aperturado el mercado y están esperando nuevas inversiones de compañías de primera línea. Asimismo los chilenos destacan el impacto positivo que la industria de las telecomunicaciones ha incrementado al PIB de su economía nacional, logro que solo es posible incentivando la inversión, la competitividad y productividad, de forma sostenida.
El autor es ingeniero.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
