Transportistas del sector selectivo de Granada protestaron ayer en horas de la mañana frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reclamando a los magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, se pronuncian sobre varios recursos de apelación interpuestos por varias cooperativas de taxis.
Los taxistas recurrieron de amparo en contra de resoluciones tomadas en la municipalidad de Granada, donde según ellos realizaron una serie de asignaciones de concesiones de forma ilegal, que permitirán la operación de 120 taxis.
José Rigoberto González, presidente de la cooperativa de taxis La Gran Sultana, manifestó que la administración del Alcalde de Granada, Eulogio Mejía, ha violentado los procedimientos que establece la Ley General de Transporte Terrestre (Ley 524) y Ley General de Municipios, las cuales señalan que se debe abrir un proceso de licitación pública para asignar nuevas concesiones de placas de taxi.
“Nosotros hemos recurrido ante las autoridades competentes interponiendo recursos de revisión de estos procesos, pero no hubo respuesta. Posteriormente interpusimos un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Granada, el que falló a nuestro favor y mandó a suspender la asignación de concesiones, pero no fue acatado por las autoridades de la municipalidad de Granada. Es por ello que estamos solicitando a los magistrados de la Corte se pronuncien al respecto y ratifiquen la decisión del Tribunal de Granada”, afirmó.
Los transportistas afirmaron que por cada concesión entregada se está pagando un promedio de seis mil y ocho mil dólares por “debajo de la mesa”.
“Esta lucha ya tiene siete meses y estamos dispuestos a llevarla hasta las últimas consecuencias”, añadió González.
En Granada de forma legal operan un promedio de 208 unidades de taxis y recientemente se asignaron 120 nuevas concesiones supuestamente de forma ilegal, de las cuales 60 entrarían a operar a finales del 2010, 30 más en el año 2011 y 30 para el 2012.
Omar Miranda, directivo de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi (Fenicootaxi), donde está afiliada la cooperativa La Gran Sultana, dijo que la CSJ aún no emitió un fallo al respecto y que están a la espera de cualquier resolución.
José Leonel Treminio, de la cooperativa La Gran Sultana, señaló que la CSJ debe fallar apegada a derecho y ratificar lo que dictó el Tribunal de Apelaciones de Granada. “Nosotros confiamos en que la Suprema falle apegada a derecho y obligar a que estas concesiones se entreguen apegadas a lo que establecen las leyes y no con negociaciones viciadas que benefician a personas pudientes económicamente”, expresó.
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