Al Fondo Monetario Internacional (FMI) le está sonando la alarma sobre el endeudamiento externo que está adquiriendo el Gobierno de Nicaragua, para mantener el balance presupuestario y cubrir el déficit fiscal.
Ésa es la lectura que hacen los expertos René Vallecillo y Adolfo Acevedo, sobre los puntos señalados por el Directorio Ejecutivo del organismo internacional, en el comunicado donde informa sobre la aprobación de la cuarta y quinta revisiones del programa macroeconómico suscrito con Nicaragua y la extensión del mismo hasta el 4 de diciembre de 2011.
El FMI señala tres puntos de atención al Gobierno nicaragüense dirigidos, primero, a que se reduzca la deuda pública.
El segundo es tener prudencia sobre el endeudamiento externo y tercero mejorar la distribución de los ingresos tributarios para que baje el gasto corriente y aumente el gasto de capital.
Aunque la evaluación general del Fondo es que se cumplieron “con creces” todos los criterios de desempeño cuantitativo a fines de diciembre del 2009 y fines de junio del 2010, considera que “un desafío clave lo constituye el seguir reduciendo los niveles aún elevados de endeudamiento público”.
LA DEUDA CRECE
De acuerdo con la proyecciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de la Deuda Pública en un período de cuatro años habrá tenido un crecimiento de 106 millones de dólares. Pasará de ser en el 2009 de 256.1 millones de dólares a 362.1 millones de dólares en el 2013, y se reducirá a 351.2 millones de dólares para el 2014.
El monto de la deuda interna proyecta aumentar a 260.3 millones de dólares en el mismo período. Es decir 77.3 millones de dólares más.
El proyecto de Presupuesto General de la República (PGR) presentado por Hacienda a la Asamblea Nacional, justifica el incremento “como resultado de las mayores colocaciones de títulos valor ” durante el gobierno de Daniel Ortega. Sólo para el 2011 se han establecido US$$130 millones en colocación de títulos valor.
Mientras el servicio de la deuda externa incrementa en 28.7 millones de dólares entre el 2009 y el 2013, tendremos como resultado —según Hacienda— “comenzar a ocurrir los vencimientos de las deudas renegociadas por la iniciativa HIPC” (Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados ).
René Vallecillo entiende el mensaje del organismo dirigido a que el Gobierno “vigile la manera en que está asumiendo deudas no concesionales que podrían rozar con el límite permitido para un país HIPC”.
“La condonación de la deuda está supeditada en el futuro a que Nicaragua no vuelva a caer a un nivel de endeudamiento con instituciones financieras internacionales que no dan crédito concesional”, explicó Vallecillo.
Señala que el Gobierno está endeudándose más para compensar los recursos en apoyo presupuestario que dejó de darle la cooperación tradicional, y la disminución de los recursos vía donaciones.
El déficit fiscal del PGR es de 5 mil 842.9 millones de córdobas. El déficit después de donaciones actualmente representa el 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Vallecillo interpreta el señalamiento del Fondo como que “le dice (al Gobierno) estás bien pero tenés un peligro futuro si seguís teniendo este nivel de endeudamiento que evidentemente no se va a poder cumplir, y con eso arriesga el buen entendimiento con los organismos internacionales”, afirmó.
ALGO NO CUADRA
Mientras, Adolfo Acevedo no encuentra un balance entre los recursos que maneja el FMI en comparación con el PGR aprobado por la Asamblea para el 2010, pues afirma que hay “un monto financiero excedente por 792.4 millones de córdobas”.
“En el acuerdo con el FMI encontramos montos de ingresos fiscales y donaciones superiores a los presupuestados, pero montos de gastos corrientes y de gastos de capital, y de los pagos del principal de la deuda interna inferiores a los presupuestados”, asegura.
Acevedo encuentra que del excedente, C$$36.4 millones serán destinados a “aumento de disponibilidades, es decir, serán transferidos al Banco Central, y 756 millones aparecen alimentando un bolsón global denominado ‘otros’, cuyo destino sencillamente no se especifica”.
Ambos expertos sostienen que el Gobierno no puede seguir utilizando mayores recursos al gasto corriente, castigando los destinos a la inversión que se necesitan para dar mayor impulso a la actividad económica.
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