BOGOTÁ/EFE
La Procuraduría General de Colombia anunció hoy la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra la ex senadora Piedad Córdoba por informaciones obtenidas en los computadores del abatido jefe militar de la guerrilla de las FARC, alias “Mono Jojoy”, informó hoy el ente de control.
Según la entidad de control de los funcionarios públicos, “se hallaron documentos y correos electrónicos que evidencian los vínculos de la ex senadora con las FARC” (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en los computadores de “Mono Jojoy”, alias de Víctor Julio Suárez Rojas, muerto en un bombardeo de militares colombianos a su campamento.
El jefe rebelde murió el pasado 22 de septiembre junto a una decena de guerrilleros en un campamento subterráneo situado en la serranía selvática de La Macarena, en el sur colombiano, en la llamada “Operación Sodoma”.
Asimismo, según un informe de la policía judicial y de investigaciones, se reportaron “interceptaciones telefónicas legales de conversaciones entre la entonces parlamentaria y miembros de la guerrilla, especialmente alias Manolo del frente 30 de las FARC”.
Ante esos documentos, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, “ordenó la apertura formal de investigación disciplinaria” contra quien fue mediadora ante las FARC para la liberación de rehenes en poder de esa guerrilla.
De acuerdo con documentos estudiados, señaló la Procuraduría en un comunicado, “en un aparte denominado Actividades de financiamiento de la senadora Piedad Córdoba desde Venezuela, se relacionan correos electrónicos entre diferentes personas, dentro de las que se encuentra el señor Ricardo Montenegro, ex candidato a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014”.
Con esa persona, añadió el Ministerio Público, “al parecer se realizaban transacciones financieras desde Venezuela hacia Colombia” y, al parecer “la ex senadora habría efectuado contribuciones o donaciones a dicha campaña” electoral.
Para la Procuraduría se trata de “una situación que en un primer análisis permite vislumbrar una presunta conducta con trascendencia disciplinaria, al desconocerse la prohibición para los funcionarios públicos de hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos”.
Córdoba ya había sido investigada y sancionada por presuntas “actividades de promoción y colaboración” con las FARC y esta nueva información, “corrobora los hechos que la Procuraduría analizó para decidir su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años”.
A finales de octubre pasado la misma Procuraduría confirmó una decisión suya previa de un mes anterior contra Córdoba del Partido Liberal Colombiano (PLC), a quien destituyó como senadora e inhabilitó, dentro de una causa por colaborar y promover a la guerrilla de las FARC.