Los colegios que serían afectados por la construcción de urbanizaciones de Casas para el Pueblo ya se están preparando (legalmente) para enfrentar el eventual despojo que haría el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra con parte de sus terrenos. Mientras la Procuraduría General de la República (PGR) “acomodó” la situación y ahora dice que estas casas serán para los maestros a nivel nacional.
No obstante, la docente Ena Fuertes, miembro de la Unidad Sindical Magisterial (USM), afirmó desconocer esta iniciativa y solicitó la realización de un estudio que permita identificar qué maestros en realidad requieren de una vivienda.
Ayer la PGR, luego que el procurador Hernán Estrada afirmara a LA PRENSA las pretensiones de construir 30 urbanizaciones de Casas para el Pueblo en el mismo número de escuelas, aclaró que “no quieren cerrar escuelas”, sino que únicamente busca beneficiar al magisterio.
Aún se desconoce la manera en que serían asignadas las viviendas y la forma de pago o si serán donadas o no, explicó la oficina de Relaciones Públicas de la PGR.
Según los documentos en poder de LA PRENSA, los colegios que tendrían que “solidarizarse” y “donar” por el momento parte de sus terrenos serían el Rigoberto López Pérez (Managua), Ramírez Goyena (Managua), el colegio Juan José Rodríguez (Carazo), el Instituto Nacional de Oriente (Granada), el colegio José Artiga (Ciudad Sandino) y el Instituto de Esquipulas (Managua).
DEFENDERÁN TIERRAS
Los estudiantes del colegio Juan José Rodríguez (Carazo) desde ya se están preparando para enfrentar el despojo de dos manzanas de tierras que pretende hacer el Gobierno en esta casa de estudios.
Augusto Brenes, ex alumno y miembro de la Juventud Sandinista 19 de Julio, aseguró que ellos no están en contra de la construcción de viviendas, pero sí están en contra de que se construyan en los terrenos del colegio.
“Cuando el río suena, es porque piedras trae, nosotros cuando nos dimos cuenta de las pretensiones pensamos que era una violación y mandamos una carta al secretario político departamental exigiéndole que nos aclare la situación”, expresó Brenes.
Por su parte el delegado del Mined, en Jinotepe, José Cano, dijo que tal proyecto nunca existió y que sólo fue un rumor para hacer quedar mal al Mined.
No obstante, el procurador Estrada confirmó que la noticia no se trataba de un rumor porque la PGR ya había solicitado formalmente las tierras al Mined.
“Si se da, vamos a protestar y acudir a todos los recursos legales; Jinotepe dice que no, y a pesar que el secretario político José Ramón Álvarez dijo que no se van a hacer las casas, queremos que el Mined se pronuncie, porque los políticos dicen una cosa pero después el tiro puede ser por otro lado”, aseveró Brenes.
Después de dos meses de haber hecho una protesta en repudio de la construcción de 58 casas en el terreno del Instituto Juan José Rodríguez, estudiantes, ex alumnos, padres de familia y maestros aún mantienen la incertidumbre si construirán o no las viviendas, lo cual consideran un buen proyecto, pero no en el lugar donde quieren hacerlo.
PROCURADOR QUIERE PASAR POR ENCIMA DE VOLUNTAD DE DONANTE
El terreno del Instituto Juan José Rodríguez fue donado hace 91 años (1919) por doña Laura Román Arana, quien estableció en una de sus cláusulas de la escritura de propiedad, que el terreno de cinco manzanas de tierra es donado para la creación exclusiva de un centro de estudios.
Este colegio es considerado por muchos jinotepinos como un patrimonio que debe de respetarse en toda su extensión, para que algún día pueda ampliarse y brindar una mejor atención académica y no para construir casas que se pueden construir en otro lugar.
FUE COLEGIO, BODEGA Y AHORA SERÁ URBANIZACIÓN
En el caso del Instituto Nacional de Oriente (Granada), las viviendas serían construidas en el espacio donde actualmente funciona una bodega del Mined.
Esta casa de estudios dejó de funcionar en el 2007 debido a que la infraestructura estaba obsoleta, y resultaba más fácil construir un nuevo centro escolar, donde estudian 1,500 alumnos.
Según la delegada del Mined en Granada, Benicia Soza, la comunidad educativa desconoce sobre la construcción de 33 Casas para el Pueblo en al menos la mitad del terreno que comprende más de dos manzanas de tierras.
“Sobre esta noticia yo no tengo conocimiento al respecto, ninguna autoridad del Ministerio de Educación ha solicitado nada, partiendo que el instituto está en los terrenos de la delegación y es parte del ministerio, no sabemos nada”. Soza citó que incluso este centro no tiene terrenos baldíos para tal fin.
Soza llamó a los granadinos que pasaron por esas aulas hace muchos años y a las autoridades municipales, a unir esfuerzos para recuperarlo y convertirlo en un centro de capacitación técnica, pues dijo que tiene un valor histórico muy grande en la educación de este municipio. Este centro se presta al Instituto de Deportes para que realicen sus prácticas y los estudiantes juegan en una cancha que aún está en buen estado.
PREFERENCIA ARBITRARIA
La preferencia de construir urbanizaciones de Casas para el Pueblo en terrenos de unas 30 escuelas del país, en lugar de priorizar el tema de infraestructura escolar, dará un gran zarpazo a la educación nicaragüense, sobre todo porque aún hay medio millón de niños que no asisten al colegio debido a la falta de más de 10 mil nuevas aulas de clases.
Ejemplo de esta preferencia es la situación del colegio José Artigas, de Ciudad Sandino. A este centro escolar la PGR pretende despojarlo de dos manzanas de tierras para la construcción de 30 viviendas de interés social.
No obstante, las instalaciones de esta casa de estudios están prácticamente obsoletas y presentan deterioro progresivo. Además, las 24 aulas de clases no son suficientes para los dos mil 728 estudiantes de primaria y secundaria que atiende el centro escolar.
Para rehabilitar todas las instalaciones educativas del país y ampliar el número de aulas de clases, según el diagnóstico educativo elaborado para el Plan Estratégico 2007-2011 del Ministerio de Educación (Mined), se requieren al menos 244.5 millones de dólares (5,354 millones de córdobas) para invertir en la infraestructura escolar.
De este total, 210.7 millones de dólares (cerca de 4,614 millones de córdobas) servirían para el reemplazo de 11,226 aulas y 33.8 millones de dólares (alrededor de 740 millones de córdobas) se necesitan para la reparación de 4,447 aulas.
Según el economista Adolfo Acevedo, el país también requiere destinar unos 80.6 millones de dólares (17,651 millones de córdobas) para la construcción de más de cuatro mil aulas de clases a fin de disminuir el “hacinamiento” en las aulas de clases existentes.
Pese a estos requerimientos educativos, la PGR ya solicitó al Mined cerca de 12 manzanas de tierras que actualmente pertenecen a seis escuelas a nivel nacional, según documentos en poder de LA PRENSA.
El secretario general de Anden, José Zepeda, dijo que “a las escuelas no se les puede encerrar” los espacios de recreación, pero indicó que “esos bienes son propiedades del Estado y (las escuelas) pueden colaborar con el principio solidario de este Gobierno” porque responde a la necesidad de solucionar el déficit habitacional del país.
SIN INVERSIÓN
Teresa del Carmen Ávila, directora del colegio José Artigas, de Ciudad Sandino, afirmó que todavía no le han notificado nada sobre el proyecto urbanístico que se construiría en el predio baldío de este centro escolar. “La semana pasada vinieron unos técnicos del Mined para hacer unas mediciones en los linderos del terreno, pero supuestamente es para un proyecto de reemplazo total del centro, no para construcción de viviendas”, señaló Ávila.
La directora refirió que este centro escolar no cuenta con las condiciones necesarias para brindar la enseñanza, por lo que “los estudiantes tienen que recibir las clases en los pasillos, en el patio, hasta en la subdirección”.
Por su parte el delegado del Mined en Ciudad Sandino y Mateare, Rolando Rivas, dijo que por ahora no ha recibido ninguna información al respecto por parte de la delegación Central del Mined.
(Colaboración de Eduardo Cruz y Massiel Largaespada)
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