Por Josué Bravo
CORRESPONSAL / COSTA RICA
Los costarricenses empezaron a recordar las graves secuelas que hace dos semana dejó el temporal lluvioso, los problemas en la autopista al puerto de Caldera volvieron a relucir y el peligro latente del daño ambiental que provocaría la minería Crucitas sigue causando malestar entre los ciudadanos.
A mediada que bajan los decibeles sobre el conflicto con Nicaragua, la realidad costarricense vuelve a retomar la agenda de los medios de comunicación y hay quienes ven algunos intereses internos que se mueven alrededor del problema.
«Consideramos que la actual crisis fronteriza está siendo estimulada y exacerbada por ambos gobiernos con el fin de obtener réditos políticos internos», dice la organización costarricense llamada Comisión Nacional de Enlace, un organismo político del país.
«En el caso de Nicaragua está colocada la variable electoral interna y en el caso de Costa Rica le quita presión a los álgidos asuntos de Crucitas, Caldera, corrupción con concesiones, aumento en el costo de la vida, entre ellos la gasolina», añade.
En su comunicado, la Comisión Nacional de Enlace recordó que la zona fronteriza ha estado históricamente abandonada por los dos países, cuya ausencia de institucionalidad estatal – dice – ha permitido operaciones del narcotráfico.
«Es muy interesante que el Gobierno de Costa Rica, que no se ha preocupado de las posibles consecuencias ambientales en el lado nicaragüense por la operación de la empresa minera canadiense Infinito Gold (Crucitas), ahora resultó un abanderado ambiental frente al dragado del río San Juan», señala.
La crítica va también para el ministro de seguridad tico con sangre nica, que le echó «leña al fuego», José María Tijerino: «Ya vimos en el caso nacional las posiciones del fanfarrón ministro de seguridad pública que ordenó despliegues militares en la zona fronteriza y ha lanzando abiertas amenazas, tanto fue así que tuvieron que sacarlo ‘de circulación’. Tiene semanas de no dar declaración alguna».
La Comisión Nacional de Enlace ve una clara señal en el interés costarricense de convocar el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) con fin de pedir ayuda a fuerzas militares extranjeras.
En ese sentido, recordó que en julio de este año tres fracciones legislativas incluida la oficialista, aprobaron un permiso «para el atraque y estadía de una fuerza expedicionaria de E.E.U.U. de hasta 7,000 militares y convirtieron nuestras costas y puertos en fondeaderos de la marina de guerra estadounidense».
Cabe señalar que en la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla» celebrada en Colombia en octubre pasado, se creó una «plataforma de cooperación con Centroamérica» por parte del ejército colombiano con el fin de reformar las estructuras de las policías con el propósito de mejorar su lucha contra el narcotráfico.
En ese momento la presidenta Laura Chinchilla anunció que pediría a la policía colombiana asesoría para la Fuerza Pública costarricense.
Opositores al gobierno de Chinchilla han criticado que su país militarice la lucha contra el narcotráfico.
