“Queremos ser vistos como personas productivas”

Por Erika Amador Romero

ESPECIAL PARA LA PRENSA

Jacqueline del Rosario Montes Cruz es ingeniera en Computación y Sistemas, ama a su carrera, sin embargo es parte de los 460 mil nicaragüenses discapacitados —que existen en el país, según la Procuraduría para la Defensa de las Personas con Discapacidad— que luchan por integrase laboralmente y ser valorados por lo que son.

Han depositado la confianza en la Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, mejor conocida como la Ley 202, la cual contempla en su artículo 13, inciso b, que: “Toda empresa estatal, privada o mixta, deberá contratar o tener contratado por lo menos a una persona con discapacidad con una proporción de cincuenta personas a una según planilla”.

Aunque esta Ley entró en vigencia hace 15 años, no se han dado grandes avances, dado que cada día incrementa el número de personas con discapacidad que no tienen acceso a un trabajo digno, complicando aún más su situación.

“La inserción laboral es un problema que afecta a todos, pero si es complicado para las personas que no tienen limitación física, es peor aun para nosotros que sufrimos discriminación por nuestra discapacidad. Es triste que sólo con verte ya te descarten, sin valorar nuestra capacidad intelectual”, comenta Jacqueline Montes, quien nació con Parálisis Cerebral Infantil (CPI), en un grado leve, pero le afectó sus piernas y una mano.

“Una vez le dije a un amigo que me consiguiera trabajo en una empresa de telefonía y me dijo: “Olvídalo, para entrar allí tenés que ser 90,60,90 (figura de modelo). Ese comentario me causó gran depresión”, recuerda Montes, quien durante sus cinco años de estudios universitarios se caracterizó por su entrega y dedicación.

Montes señala que estudiar para ella fue todo un reto. “De las 45 personas que comenzamos la carrera, fui una de las 16 que logramos culminar los estudios”.

Para Montes la Ley 202 no ha logrado nada hasta la fecha. “El problema es que la gente no está consciente que nuestra discapacidad es física, no es intelectual, mientras no nos miren como personas sujetas de derecho, no estaremos avanzando por muchas leyes que se promulguen”.

“Hace unas semanas fui a dejar mis documentos a la Procuraduría de Derechos Humanos, pero incluso allí donde velan por nuestros derechos, el personal de Recursos Humanos me discriminó por mi condición”, señala Montes.

En las mismas organizaciones de personas discapacitadas prefieren contratar a otros profesionales y no toman en cuenta a las personas discapacitadas que poseen una formación académica.

NI CON EL MITRAB LOGRAN NADA

De 5 mil solicitudes de trabajo que recibió la Oficina de Servicio Público de Empleo del Ministerio del Trabajo (Mitrab) en el 2009, al menos 28 fueron de personas con discapacidad, 15 hombres y 13 mujeres. De las 5 mil solicitudes fueron ubicadas 3,993 personas, de las cuales ninguna era persona con discapacidad, lo que evidencia que a pesar de existir pocas solicitudes de empleos del sector con discapacidad, no son tomadas en cuenta en el momento de la preselección.

Un estudio realizado por la Procuraduría para las Personas con Discapacidad, indica que el Mitrab no tiene acciones concretas para promover la aplicación de la Ley 202 ni insertar a las personas con discapacidad en el mercado laboral.

Alma Nubia Baltodano, de la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos por la Rehabilitación e Integración (Feconori), considera que se han dado algunos avances significativos en los últimos dos años.

“Las guías de los inspectores del trabajo del Mitrab no tenían contempladas como violación la falta de cuota laboral de personas discapacitadas, pero el año pasado se emitió un decreto que obliga a los inspectores a preguntar en todas las empresas sobre el cumplimiento del artículo 13”, indicó Baltodano.

“Si el mismo Mitrab no lo reconocía como una violación a los derechos laborales, por qué las empresas se van a disponer a cumplirlas”, enfatizó Baltodano.

FALTA PROFESIONALIZACIÓN

Baltodano reconoce que el sector de personas discapacitadas posee debilidades en materia de educación. “Carecemos de personas capacitadas, por lo tanto la educación para nosotros es muy importante, porque no podemos optar a puestos dignos”, sostiene.

También mencionó que la actitud de una buena parte de las personas discapacitadas no contribuye a un cambio de enfoque. “Hay que reconocer también que muchas personas con discapacidad creen que le tienen que dar trabajo por ser discapacitados y también hay quienes tienen la equivocada actitud que deben de aguantarte por tus condiciones, nosotros no promovemos eso”, asegura.

Los líderes consultados coinciden que ni las instituciones del Estado cumplen con la cuota laboral que establece la Ley 202 y probablemente la empresa privada no esté enfocada en ajustarse a lo dispuesto en el artículo 13.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) no atendió nuestra solicitud para conocer las perspectivas de los empresarios privados sobre la Ley 202 y la percepción sobre la falta de voluntad y apoyo al sector discapacitado.

Sin embargo, vale la pena mencionar algunas iniciativas de empresas privadas que han adoptado una política laboral integracionista a fin de incorporar en la planilla a personas con discapacidad, bajo el concepto de Responsabilidad Social.

En ellas destacan empresas del sector comercial, servicio, industrial y de las zonas francas, entre otras.

LEY CON VACÍOS

La falta de mecanismos para la aplicación de Ley 202 es una de sus principales debilidades, considera Donald Alemán Mena, Presidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y experto en Derecho Laboral.

“Siento en alguna medida que existen vacíos en la Ley, en cuanto a la oferta del trabajo, porque no quedó establecido cómo el empleador va a cumplir con esa obligación de la cuota laboral”, indicó Alemán.

“Considero que el sector empresarial percibe esa falta de mecanismo porque cómo pueden otorgar un puesto si en muchos casos en las ofertas laborales no aplican personas discapacitadas”, agregó.

Para Alemán Mena lo principal a fin de buscar el cumplimiento de la Ley es que el Mitrab tiene que realizar un banco de datos de las personas discapacitadas, el cual debe contener sus calificaciones. “Este banco le permitirá al empleador poder disponer de esa información y conocer las capacidades para poder seleccionar a los candidatos al momento de ofertar una plaza”, sostiene.

Asimismo, enfatizó que debe crearse un programa de capacitación que permita contribuir en el fortalecimiento de la formación profesional de las personas discapacitadas.

En relación con este punto, Rosa Salgado, Procuradora Especial para las Personas con Discapacidad, señaló que están realizando los esfuerzos para comenzar a realizar un registro con personas. “Estamos comenzando a realizar un banco de datos sobre las personas que tienen profesionalización, porque definitivamente no tenemos ningún tipo de referencia”, dijo Salgado.

Por otra parte Alemán explicó que el Mitrab tiene las facultades plenas para poder sancionar a cualquier empresa en caso se llegue a evidenciar discriminación y violación de los derechos laborales, independientemente que sea discapacitado o no. Las sanciones están contempladas en la Ley de Inspección General del Trabajo.

Ver en la versión impresa las páginas: 7 A