Se dice que los jueces y magistrados hablan por medio de sus sentencias y resoluciones, las cuales se explican por sí mismas y no necesitan aclaraciones complementarias. Sin embargo, para que eso sea cierto las sentencias y resoluciones judiciales no sólo tienen que ser ecuánimes, sino también apegadas a la letra y al espíritu de la ley —ante todo de la Constitución—, y absolutamente claras y comprensibles. Es decir, que no deben ser redactadas con lenguaje enrevesado, ni contener contradicciones flagrantes, ni dejar vacíos que den motivo a interpretaciones opuestas.
Además, cuando sea necesario por la trascendencia y complejidad de los casos que son resueltos o sentenciados por los jueces y magistrados, éstos no sólo deben hablar por medio de sus fallos sino que también tienen que aclarar públicamente los puntos oscuros y explicar todo lo que necesite ser explicado. Los jueces y magistrados son funcionarios públicos, los cuales, según el artículo 131 de la Constitución “responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales”. Y por tanto deben actuar de conformidad con este precepto constitucional.
Decimos lo anterior a propósito de que los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) deben explicar públicamente la oscura sentencia que dictaron el 8 de noviembre corriente, mediante la cual redujeron de 8 a 6 años de prisión la condena impuesta a Farinton Reyes por el delito de violación sexual a la joven Fátima Hernández, su ex compañera de trabajo en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Esta es una sentencia que ha dejado más dudas y sospechas que certezas, por sus flagrantes contradicciones conceptuales y jurídicas, las que deben ser aclaradas por los magistrados, pues ellos tienen la obligación de responder a los demandantes de justicia y de rendir cuentas a la sociedad por sus actuaciones públicas y por sus sentencias, más aún cuando los fallos que dictan más bien parecen fallas.
A juicio de juristas experimentados y antiguos funcionarios judiciales, ante la apelación de Farinton Reyes por la condena a 8 años de prisión que le fue impuesta el 8 de junio pasado, al ser encontrado culpable del delito de violación sexual en perjuicio de Fátima Hernández, lo que debía determinar el tribunal era si la sentencia condenatoria se apegó o no a derecho, y sobre todo si el sentenciado es culpable o inocente del delito por el cual fue condenado. Pero los magistrados del TAM al parecer quisieron quedar bien con las dos partes: con la víctima, al ratificar que se cometió delito y que por lo tanto el acusado merecía ser condenado; y con el victimario, reduciéndole la pena de 8 a 6 años de prisión en base de argumentos ilógicos e inconsistentes tomados en forma arbitraria del Código Penal, como el de que el reo sufre “pena natural” (o sea que a consecuencia del delito de violación que cometió ha sufrido “daño físico o moral grave”); y que supuestamente había una relación de cónyuges entre víctima y victimario. Y en consecuencia, cambiaron la sentencia que corresponde a violación sexual, por la de abuso deshonesto.
De manera que lo menos que se puede decir de esta sentencia es que resulta incomprensible y en consecuencia los magistrados que la dictaron deben explicarla.
Pero, además, no es sólo por tributo a la claridad y por el derecho a la información pública, que los magistrados del TAM tienen que explicar y aclarar su sentencia. Es que cuando se dicta un fallo arbitrario se violan derechos de las personas que están consagrados en la Constitución y en las declaraciones y convenios internacionales de derechos humanos. Y en esto tienen razón Fátima Hernández y sus familiares, así como las organizaciones cívicas y las personas particulares que la respaldan, que protestan por la benevolencia con la que las autoridades judiciales tratan los delitos sexuales y la violencia contra la mujer en general, en vez de castigarlos enérgicamente, como lo exige la justicia, lo establecen las leyes y obligan los compromisos que el Estado de Nicaragua ha contraído ante la comunidad internacional.
Los magistrados, jueces y demás autoridades del país deberían abrir sus oídos a la advertencia que ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, acerca de que: “La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”.
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