Especial para LA PRENSA
“Combatirse a sí mismo es la guerra más difícil; vencerse a sí mismo es la victoria más bella”, escribió el alemán Friedrich Von Logau. Y precisamente esta frase describe en toda su plenitud la vida de Zela Argentina Obregón Sánchez, quien a sus 56 años es prueba de que no existen los obstáculos.
Zela tenía una vida normal, junto a su esposo y sus cuatro hijos. A los 32 años salió nuevamente embarazada. Debido a complicaciones durante la gestación, los doctores le comunicaron que le practicarían una cesárea. El 15 de marzo de 1986 nació Josué José Cabezas Obregón.
Sin embargo, nueve meses más tarde la vida de Zela cambió. Repentinamente comenzó a perder la sensibilidad en sus piernas. Visitaron a varios doctores, quienes llegaron a la conclusión de que la mala aplicación de la raquídea al momento de la cesárea provocó un trastorno en la columna.
Los sueños y esperanza aparentemente desaparecieron, Zela no asimilaba que dependería de una silla de ruedas.
“Fueron cuatro años de depresión, de sufrimiento, mi esposo me abandonó con mis cinco hijos. Hubo momentos en que pensé que la vida no valía nada”, recuerda.
Zela desconocía en esos momentos que tenía ante sus ojos el reto más grande de su existencia: demostrarse a sí misma que ser discapacitada no le impedía desarrollarse como mujer y profesional.
Así fue que comenzó un nuevo capítulo. Con cinco hijos, madre soltera y en silla de ruedas, decidió estudiar y logró graduarse como licenciada en Administración de Empresas. Actualmente cuenta con dos posgrados; uno de ellos lo estudió en Panamá. Es máster en Administración de Proyectos de la Universidad Centroamericana (UCA) y ha realizado diversos cursos en Alemania y Chile.
Zela es la presidenta de la Asociación Cristiana La Luz, ubicada en Masaya. Sus estudios le han permitido incidencia con los organismos internacionales como la Unión Europea (UE), Nymejen de Holanda y Werkhof de Alemania, logrando obtener fondos que apoyan iniciativas de inversión de mujeres discapacitadas en Masaya.
“Dado que no existen muchas oportunidades laborales para las personas discapacitadas, nosotros nos propusimos ayudar, a fin de que estas personas, especialmente las mujeres, puedan poner su propio negocio”.
Sin embargo, doña Zela representa la minoría. Ella es parte del dos por ciento de personas discapacitadas que cuenta con un trabajo, según datos de la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos por la Rehabilitación e Integración (Feconori).
El otro 98 por ciento sigue en espera a que las empresas públicas y privadas cumplan con lo establecido en la Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, mejor conocida como Ley 202.
Una ley que, después de 15 años de existencia, no contempla sanciones para las empresas que incumplan con lo establecido.
Por ejemplo, la ley establece en el artículo 13, Inciso b, que “toda empresa estatal, privada o mixta, deberá contratar o tener contratado por lo menos a una persona con discapacidad con una proporción de cincuenta personas a una según planilla”.
Para este reporte se escogieron instituciones del Gobierno como los ministerios de Salud (Minsa), del Trabajo (Mitrab), de Educación (Mined) y de la Familia (Mifamilia), para conocer qué tantas personas con discapacidad trabajan en estas entidades. Igualmente se tomaron en cuenta a 13 alcaldías de las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN) y (RAAS), Boaco, Chinandega, Juigalpa, Granada, Jinotega, León, Managua, Masaya, Matagalpa, Rivas y Siuna.
Se concluye que un mínimo de personas, es decir alrededor de 0.90 por ciento del universo de empleados, son discapacitados con un puesto laboral en las instituciones públicas y las municipales.
UNA LEY SIMBÓLICA
Según los representantes de las diferentes organizaciones y asociaciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, la Ley 202 ha sido hasta la fecha un “instrumento legal sin operatividad”.
“Si la misma ley no indica que hay sanciones para las empresas que no cumplan, obviamente que los empleadores no se preocuparán por poner en práctica lo dispuesto en la ley”, manifestó Tatiana Ibarra, coordinadora de Comunicaciones de Feconori.
“En sí la ley tiene problemas, porque no es una ley específicamente para las personas con discapacidad. Sólo un tercio de lo establecido está destinado a las personas con discapacidad, dado que el mismo título de la ley lo indica: prevención son acciones para prevenir la discapacidad, rehabilitación está estrechamente ligado al aspecto de asistencia hospitalaria y médica, y la equiparación de oportunidades es lo único que asigna las medidas para que el Estado pueda equiparar las oportunidades de las personas discapacitadas con el resto de los ciudadanos”, explicó Alma Nubia Baltodano, secretaria ejecutiva de la Feconori.
Otra de las debilidades de la ley es que mandata al Ministerio de Salud (Minsa) como el responsable de la aplicación de la misma.
“Desde allí nos damos cuenta de que la Ley 202 fue concebida desde la perspectiva de la salud. Es muy difícil que desde el Minsa se promueva la inserción laboral, o que desde ese ministerio se busque una educación para todos. Lo han limitado únicamente a esta entidad, por eso considero que nos están tratando como enfermos”, mantuvo Baltodano.
Gustavo Rueda, tesorero nacional de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (Adifim), coincide con Baltodano, dado que desde un inicio no se especificaron los mecanismos de aplicación para promover el cumplimiento de la Ley 202.
“Es una ley que no se ha divulgado, por lo tanto existe un desconocimiento de parte de las empresas públicas y privadas”, aseguró Rueda.
“Es importante señalar que también hay falta de voluntad, porque lo que se ha hecho hasta el momento es vernos como personas enfermas y no como ciudadanos que tenemos derechos, porque la Constitución no hace diferencia sí sos o no discapacitado, con o sin limitaciones, todos somos ciudadanos, por lo tanto tenemos el derecho de trabajar dignamente”, agregó.
“Lograr la inserción laboral de las personas discapacitadas es parte de la lucha de las diferentes asociaciones. Sin embargo, debemos reconocer que nos falta un empoderamiento de los espacios que se nos han brindado”, manifestó Martha López, del Centro de Prevención y Atención Integral (Cepril-León).
“La inexistencia de sanciones en la ley da pie a que las empresas no cumplan con lo establecido, además que no existe voluntad, porque nos discriminan laboralmente, ignorando que nuestra discapacidad es una, y nuestras capacidades son muchas”, añadió López.
Asimismo, López, quien a través de su organización ha logrado una significativa incidencia en la promoción laboral en León, señala que el problema también se origina en el enfoque y percepción que tienen de las personas discapacitadas.
“Nos ven muchas veces con lástima, lo que buscamos es que nos vean como seres útiles en la sociedad, como personas productivas”, señaló.
Rosa Salgado, procuradora especial de las Personas con Discapacidad, mantuvo que los funcionarios del Estado y empresarios carecen de voluntad y conciencia para cumplir con las normativas nacionales e internacionales.
REFORMAS LISTAS
“Con mucha certeza puedo asegurar que no hay confianza en la capacidad de una persona con discapacidad. No sólo nos enfrentamos a un no, sino a la discriminación por nuestras condiciones físicas”, aseguró.
Con el objetivo de superar las debilidades de la Ley 202, las organizaciones —en coordinación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos— realizaron una serie de reformas, entre las cuales destaca el establecimiento de infracciones y sanciones para las instituciones y empresas que no cumplan con lo indicado en la ley.
Estas reformas ya fueron dictaminadas y se encuentran en la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, en espera a que sean aprobadas en plenario.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A
