Apropósito de la discusión parlamentaria del Presupuesto General de la República para el 2011, que será aprobado en los próximos días, es oportuno recordar que el año pasado en estas mismas fechas se difundió internacionalmente la noticia de que el Gobierno de Nicaragua es uno de los que menos rinde cuentas al público, de los manejos presupuestarios.
En efecto, la asociación International Budget Partnership informó el año pasado que entre 85 países estudiados, Nicaragua ocupaba el lugar 62 en cuanto a rendición de cuentas y transparencia en el manejo del presupuesto nacional. En contraste, Brasil y Perú eran los países de América Latina más transparentes en este campo, ocupando los puestos 7 y 11 respectivamente.
Este año, según el informe de la misma asociación que fue dado a conocer a fines de octubre pasado, la situación de Nicaragua en cuanto a transparencia presupuestaria no ha mejorado. “La calificación de Nicaragua es —en este año— menos del promedio de los ocho países encuestados en la región de Centroamérica y el Caribe”, dice el informe, y agrega que “la calificación de Nicaragua indica que el Gobierno provee al público información mínima sobre las actividades presupuestarias y financieras evaluadas por la encuesta”. Lo cual, asegura, “hace extremadamente difícil para los ciudadanos exigir que el Gobierno rinda cuentas sobre cómo se gasta el dinero público”.
En el informe de 2010 sobre transparencia presupuestaria internacional, se señala que en Nicaragua “no hay información sobre ciertas actividades fiscales que pueden tener un impacto grande en la capacidad del Gobierno para cumplir con sus metas fiscales y de política pública. Esto incluye información sobre fondos extrapresupuestarios, actividades cuasi-fiscales, gasto fiscal, activos financieros y de otro tipo, y pasivos contingentes y futuros”.
Concluye el informe de este año de International Budget Partnership, en la parte correspondiente a Nicaragua, señalando que “en ausencia de esta información, el público no puede conocer la situación fiscal completa del Gobierno. No hay información acerca del impacto de los diferentes supuestos macroeconómicos sobre el presupuesto. ( Y se) carece de información sobre rendimientos y resultados”. (Este informe de International Budget Partnership se puede consultar en Internet accediendo a www.openbudgetindex.org).
Cabe mencionar que al señalar que en Nicaragua falta la información gubernamental sobre fondos extrapresupuestarios, el reporte sobre transparencia presupuestaria internacional se refiere por ejemplo a los recursos de la cooperación venezolana que llegan al país por medio del Alba, acerca de los cuales la misma asociación especificó el año pasado que la administración de Daniel Ortega “rehúsa dar cuenta de los fondos que recibe del Gobierno de Venezuela”.
El propósito de las investigaciones y divulgaciones sobre la transparencia presupuestaria en los diversos países del mundo, según International Budget Partnership, es “promover mayor acceso a la información sobre el presupuesto público (pues) hemos comprobado cómo esto puede llevar a mejoras concretas en la vida de las personas”. Por el contrario, advierte, “la falta de transparencia puede esconder situaciones de corrupción y mala gestión de los fondos públicos”. Lo cual es precisamente lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde hemos retrocedido en materia de transparencia e información gubernamental al público, no sólo presupuestaria sino de todos los ámbitos y asuntos de interés nacional. La transparencia gubernamental terminó en Nicaragua, desde que concluyó el gobierno de don Enrique Bolaños Geyer y comenzó el de Daniel Ortega, que se caracteriza por el secretismo estatal, la compartimentación, el espíritu conspirativo y el ocultamiento de la información pública, la cual sólo llega a la población después de pasar por el filtro gubernamental, de hecho una censura.
De manera que es bien merecida la crítica internacional al gobierno de Daniel Ortega, por la falta de transparencia en el manejo presupuestario y de los recursos públicos en general, la cual es obligación de los gobernantes y un mecanismo de prevención de la corrupción gubernamental. Pero igualmente merece ser criticada la distorsión de las prioridades presupuestarias, como por ejemplo que mientras a los maestros se les niega recursos presupuestarios para un modesto aumento salarial, a una institución educativa privada y con fines de lucro, como es la Unica, que pertenece a personas estrechamente vinculadas a Daniel Ortega, se le asignan fondos públicos por varios millones de córdobas. Y este es sólo uno entre muchos derroches y distorsiones presupuestarias.
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