La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) está realizando en Mérida, Yucatán, México, su 66ª Asamblea General, y entre la diversidad de temas que examina se encuentra la precaria situación de la libertad de prensa en Nicaragua.
Son más de 500 los editores y ejecutivos de periódicos de las Américas que en representación de más de 1,300 periódicos y revistas afiliados a la SIP discuten en Mérida los problemas que atañen a la libertad de expresión y de prensa, y emitirán resoluciones y declaraciones en defensa de esos derechos humanos y valores fundamentales de la libertad y la democracia.
La SIP invitó de manera especial a los presidentes de México, Felipe Calderón; de Colombia, Juan Manuel Santos (quien por cierto es periodista) y de Honduras, Porfirio Lobo, para escuchar sus disertaciones sobre la situación de la libertad de prensa en sus países, que son lugares donde el periodismo se ejerce en situaciones de mayor riesgo, inclusive mortal. Cabe mencionar al respecto que en la primera mitad de este año fueron asesinados 24 periodistas en América Latina, región que ostenta el deshonroso título de lugar más peligroso para practicar el periodismo, seguida por Asia, donde fueron asesinados 14 periodistas en el mismo período, y África, con 9 reporteros asesinados en el primer semestre de este año, según la ONG internacional Campaña Emblema de Prensa (PEC).
Afortunadamente en Nicaragua no ha habido recientemente asesinatos de periodistas, como los que con frecuencia ocurren en otros países latinoamericanos, como por ejemplo Honduras y México, por la acción desbordada del crimen organizado. Los últimos periodistas nicaragüenses que fueron asesinados en el ejercicio de la profesión y de su derecho de informar y opinar libremente, fueron la corresponsal de LA PRENSA y Diario Hoy en Chontales, María José Bravo, ultimada de un balazo el 7 de noviembre de 2004 por un activista del Partido Liberal Constitucionalista, en Juigalpa, mientras trataba de obtener información sobre los cuestionados resultados de la elección municipal en el municipio chontaleño de Santo Tomás. Ese mismo año, pero en el mes de febrero, el periodista sandinista disidente Carlos José Guadamuz había sido asesinado por un pistolero perteneciente a su antiguo partido, el FSLN. El asesino, quien confesó que había matado al periodista Guadamuz por sus comentarios críticos al Frente Sandinista, fue condenado por la justicia, pero las autoridades judiciales y penitenciarias lo dejaron en libertad y en impunidad poco tiempo después de que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial en enero de 2007.
En la 66ª Asamblea de la SIP que se está realizando en Mérida, el director de LA PRENSA, ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, ha presentado un informe sobre la situación de la libertad de prensa en Nicaragua, del cual publicamos un resumen el sábado recién pasado, en las páginas de Opinión. Mediante este informe se ha puesto en conocimiento de todos los miembros de la SIP las complejas dificultades en las que se desenvuelve la actividad informativa en Nicaragua, debido a las políticas autoritarias del régimen de Daniel Ortega, quien ha calificado como sus “enemigos” a los medios de comunicación y periodistas independientes.
Últimamente no ha habido periodistas asesinados en Nicaragua, repetimos, ni los hay encarcelados. Sin embargo la aversión de Daniel Ortega a la libertad de prensa y su hostilidad hacia los medios de comunicación independientes se ha manifestado en acusaciones judiciales, ataques infundados contra periodistas, impedimento de la cobertura de actividades gubernamentales, violación a la ley de acceso a la información pública, política de premios y castigos con la asignación de las pautas publicitarias oficiales, agresiones físicas de matones y turbas oficialistas contra periodistas, etc.
La verdad es que el Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega viola impunemente las normas fundamentales sobre la libertad de expresión y de prensa que están contenidas en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en el artículo 4 de la Carta Interamericana Democrática de la OEA, y prácticamente todos los 10 puntos de la Declaración de Chapultepec sobre la Libertad de Expresión, la cual fue suscrita por el mismo Ortega el 4 de julio de 2001, cuando era candidato presidencial para las elecciones de noviembre de ese año.
Todo esto se ha denunciado y se seguirá denunciando en la SIP y ante toda la comunidad democrática internacional.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
