Avanza el juicio contra Las Crucitas

El Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica ordenó esta semana el secuestro del expediente que derivó en la declaratoria de interés público para el proyecto minero Las Crucitas, durante el gobierno de Óscar Arias.

SAN JOSÉ/COSTA RICA.- El Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica ordenó esta semana el secuestro del expediente que derivó en la declaratoria de interés público para el proyecto minero Las Crucitas, durante el gobierno de Óscar Arias.

Dicha declaratoria se hizo mediante el decreto 34801-Minaet que autorizó, por ejemplo, la tala de árboles de almendro amarillo que es una especie en peligro de extinción, en Cutris de San Carlos. El proyecto minero se desarrollaría en una zona cercana a Río San Juan de Nicaragua.

El expediente pasará a formar parte de las pruebas en el juicio que sigue ese Tribunal contra la firma minera Industrias Infinito y el Estado, para determinar la legalidad de los permisos para el proyecto.

Álvaro Sagot, uno de los abogados que demandan al Estado, sostiene que se ordenó el secuestro porque la Procuraduría no lo aportó como prueba.

Ahora, dijo, esperan que el Tribunal otorgue tres días para discutir si en el expediente se sustenta o no la declaratoria de interés público. Ya concluyó la etapa de recepción de testimonios, con la comparecencia de Sonia Cervantes Umaña, socióloga de la Universidad de Costa Rica.

Cervantes, testigo aportada por Industrias Infinito, declaró que las comunidades aledañas a Las Crucitas viven sumidas en la “pobreza” por la falta de oportunidades y los pocos empleos en agricultura.

La socióloga fue contratada por Industrias Infinito para hacer estudios de campo entre octubre del 2007 y agosto del 2010.

Concluida esta fase, los abogados prevén que las conclusiones del juicio se inicien el 12 de noviembre y se extiendan hasta el día 22. Pasarán al menos tres semanas antes de que se conozca la sentencia.

Los ambientalistas se oponen al proyecto minero por los daños ambientales que causaría. Pero el Gobierno afirma que Costa Rica se puede beneficiar por el cobro de impuestos y la inversión comunal de la empresa, que pretende extraer 700,000 onzas de oro a cielo abierto, con un valor mayor a los 1,000 millones de dólares.

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