Empleados del INSS al entrar ayer al CSE para recibir la nueva cédula de forma gratuita. LA PRENSA/R. ORTEGA

La discriminación persiste en el CSE

Cada día empleados del sector público son trasladados en camionetas con aire acondicionado, vidrios polarizados o cómodos microbuses hasta las oficinas del Consejo Supremo Electoral (CSE) para recibir la cédula de identidad de forma gratuita, aunque algunos de ellos dicen que la paga el gobierno de Daniel Ortega.

Por Gloria Picón Duarte

Cada día empleados del sector público son trasladados en camionetas con aire acondicionado, vidrios polarizados o cómodos microbuses hasta las oficinas del Consejo Supremo Electoral (CSE) para recibir la cédula de identidad de forma gratuita, aunque algunos de ellos dicen que la paga el gobierno de Daniel Ortega.

Mientras, otros ciudadanos, algunos en el desempleo, tienen que pagar 300 córdobas para obtener la cédula en la Oficina de Servicios del Gobierno (Servigob) y en delegaciones distritales del CSE.

Los empleados de Instituto de Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), de Telecomunicaciones (Telcor) y de la Empresa Portuaria llegaron ayer para recibir la cédula gratis a la oficina del CSE en Metrocentro.

Entraron muy contentos, las mujeres acicalándose para salir mejor en la fotografía de la nueva cédula, que recibirían sin atraso, sin incomodidad durante sus horas laborales, gracias a los privilegios que tiene el gobernante Frente Sandinista (FSLN) en el CSE.

PAGAN POR NECESIDAD

En el otro escenario, en Servigob, los ciudadanos marginados por el CSE hacían fila con los recibos de los 300 córdobas en la mano, pagados para poder obtener la cédula.

Pablo Altamirano, quien aguardaba para comprar el documento, dijo a LA PRENSA que es injusto e ilegal lo que hace el CSE, pero como él no tiene más opciones y le urgía portar la identificación, tuvo que pagar los 300 córdobas.

“Eso está mal, hay gente que no tiene empleo, pero por necesidad vienen aquí (Servigob), mientras que quienes tienen un buen empleo no pagan eso; es injusto, además ilegal”, comentó Altamirano mientras esperaba su turno.

Carol Herrera dijo que el cobro de 300 córdobas es exagerado, para personas que ganan 3 mil córdobas o menos por mes.

Le parece injusto que personas que ganan más y trabajan en las instituciones estatales o empresas privadas ligadas al presidente Daniel Ortega, como Albanisa, obtengan la cédula gratuitamente o, “mejor dicho, a costillas de todos lo nicaragüenses” que pagan impuestos.

Herrera relató que tuvo que pagar los 300 córdobas porque necesita la cédula, pero ha conversado con sus amigos sobre ese tema porque le parece injusto.

“Yo le he dicho a mis amigos que necesitamos hacer una huelga, pero general… Pero hay que ponernos de acuerdo todos, hay gente que está cegada o no dice nada por temor a perder su trabajo y sigue apoyando a los sinvergüenzas que están en el poder”, expresó Herrera.

PROTESTA DEL NICARAGÜITA

Una veintena de jóvenes del Movimiento Nicaragüita protestaron ayer frente a las instalaciones del CSE en Metrocentro, contra los magistrados usurpadores, a los que ya se les venció el período y siguen allí.

Los jóvenes exigieron a la Asamblea Nacional que nombren ya a los nuevos magistrados electorales, para que las próximas elecciones generales del 2011 sean confiables.

Cuando los jóvenes llegaron al CSE, una veintena de policías se apostó junto al portón principal, pidiendo datos personales a los dirigentes de la protesta y les tomaron fotografías.

Los jóvenes llegaron gritando a Roberto Rivas, presidente de facto del CSE, que “se ha c… en la Constitución Política” del país.

“Pedimos que desistan de usurpar los cargos, que respeten lo que dice la Constitución; a los diputados les estamos pidiendo que elijan ya a los magistrados”, dijo Leonor Martínez, activista social a quien hace más de un año las turbas del FSLN le fracturaron un brazo.

 Este joven que se hizo  llamar “Roberto Rivas junior” parodió la forma de actuar del presidente de facto del CSE, ya que a su criterio este magistrado “se ha c... en la Constitución” del país.
LA PRENSA/R.ORTEGA

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