BOGOTÁ / AP
La Procuraduría General de Colombia ratificó ayer la sanción impuesta a la senadora Piedad Córdoba con “destitución e inhabilidad” por 18 años para ejercer cargos públicos, bajo los cargos de colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En un comunicado distribuido a la prensa por correo electrónico, la Procuraduría precisó que estaba “comprobado que la senadora instó a ese grupo para que fuera hostil contra miembros de partidos políticos y servidores públicos”.
Asegura que Córdoba “acordó estrechar relaciones con miras a apoyar un nuevo gobierno con la ayuda de gobiernos de otros países, emitió consejos al grupo subversivo frente al envío de vídeos de personas retenidas y la entrega de pruebas de vida de los secuestrados a gobiernos extranjeros”.
Córdoba sirvió como mediadora en la liberación de políticos y uniformados que entregaron las FARC.
El comunicado oficial también afirma que la legisladora “dio información a las FARC sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados”. Asimismo dijo que Córdoba había colaborado con la “defensa de algunos ex jefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales… y ejerció actos de promoción para favorecer a las FARC”.
En la decisión, la Procuraduría señaló uno a uno los argumentos en que se basó para ratificar la determinación oficial y dejó claro que siempre hizo referencia a los “documentos” encontrados en los computadores y demás equipos de cómputo decomisados al abatido jefe guerrillero Raúl Reyes.
Córdoba no fue localizada en su teléfono celular. En su cuenta de Twitter: “Viajaré a acompañar en este difícil momento a mi amiga @CFKargentina. Ambos han trabajado mucho por la paz de Colombia. Hará falta Nestor”.
Córdoba, de 55 años, es abogada de profesión y desde 1994 ocupa un escaño en el Senado. A mediados de 1999, y durante 14 días, estuvo secuestrada por orden del jefe paramilitar Carlos Castaño.
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