Pese a la tardanza con que comúnmente la Fiscalía General de la República actúa para remitir una causa a los tribunales, una mujer de 67 años denunció que enfrenta un juicio por el cobro de un aro de anteojos que tienen un costo de unos 400 córdobas, que un hijo de crianza habría dañado a un pariente suyo.
El Juzgado Tercero Local Penal de Managua, en lugar de desestimar la causa, impuso a la acusada como medida cautelar la presentación periódica a ese tribunal para firmar ante un juez mientras los acusadores no se presentan.
Salvadora Arnesto Soza, hermana del ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Prevención de Desastres (Sinapred), Ramón Arnesto Soza, denunció en conferencia de prensa en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que esto es parte del hostigamiento que aparentemente ha recibido de sus familiares, entre ellos su hermano, para despojarla de una vivienda, cuyo litigio ya lleva nueve años. LA PRENSA trató de hablar con Arnesto Soza, pero no fue posible localizarlo.
El funcionario del Cenidh, Norwin Solano, aseguró que durante el período que ese organismo ha abordado el caso, Soza ha evitado abordar el tema alegando que se trata de un problema familiar.
JUICIO COSTOSO
Solano criticó que las autoridades de la Fiscalía y del Poder Judicial se presten a esta situación en un juicio por 400 córdobas (alrededor de 19 dólares), cuando según estudios anteriores realizados por organismos no gubernamentales indican que un juicio le cuesta al Estado por lo menos 50 mil dólares.
La denunciante indicó que, pese a que demostró en los juzgados de primera instancia, de apelaciones y en casación en la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ), que la casa de la cual ha sido “arrinconada en un anexo”, es suya. Además de forma sorprendente, después de haber resuelto a su favor, en 2006 la Corte emitió una sentencia que favorece a Arnesto Soza.
Salvadora Arnesto Soza afirmó que la casa la adquirió en siete mil dólares Teodoro Téfel, lo cual demostró ante los juzgados con los depósitos bancarios que ella envió en concepto del pago de la misma.
Entre tanto Solano manifestó que el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esperan haya una respuesta próximamente.
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