HAITÍ
La protección de las mujeres y la niñez, principalmente en las situaciones de emergencia que de manera constante sufren Latinoamérica y el Caribe, sigue siendo el principal reto para la región.
El estudio Estado de Población Mundial 2010: Desde Conflictos y Crisis hacia la Renovación, presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA, por sus siglas en inglés), no sólo confirma que en medio de las crisis o emergencias las mujeres y la niñez sufren de manera “desproporcional”.
Además señala que las políticas de los gobiernos aún no priorizan esas “necesidades especiales” de estos sectores poblacionales, que son determinantes para la reconstrucción después de la catástrofe y para la aplicación de medidas efectivas en los procesos de paz.
El documento, que constituye una radiografía de la realidad regional, también es determinante al asegurar que la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) aún no “baja” a todos los territorios donde se requieren de medidas más fuertes para promover el papel de las mujeres en la toma de decisiones.
Dicha resolución fue aprobada en octubre del 2000 para instar a los gobiernos a que destinen los recursos necesarios y ejecuten medidas efectivas de protección y participación de las mujeres, principalmente en situaciones de crisis.
DEL PAPEL A LOS HECHOS
Sin embargo, diez años después el UNFPA realizó la valoración sobre la aplicación de la resolución en Latinoamérica y el Caribe, determinando que los resultados no son satisfactorios.
Hasta el momento más de cien países acogieron de manera directa la resolución adoptada en el marco de la ONU.
Sin embargo, sólo 20 países han dado los primeros pasos para la implementación de medidas efectivas que fomenten el papel de las mujeres en medidas aplicadas durante y después de los desastres, así como las decisiones en pro de la paz, luego de los conflictos.
Lo que aún es más grave, según señala Upala Devi, miembro de la división técnica del UNFPA, es que de los 20 estados que empezaron a tomar más en serio la resolución sólo siete destinan actualmente recursos para esa causa.
“Hace falta capacidad y faltan recursos para redactar estos planes que permitan una mayor protección y fomenten la participación efectiva de las mujeres. Pero el tema debe ser establecido como una prioridad para los países. No sólo se necesita voluntad política, sino también recursos económicos y de toda la logística”, dijo la también redactora del informe Estado de la Población.
PUNTOS DÉBILES DE LA RESPUESTA OFICIAL
Durante la presentación del estudio en Haití, nación del Caribe afectada este año por un terremoto, la representante regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, Marcela Suazo, indicó que “se ha comprobado que en medio de la emergencia los gobiernos se preocupan por la alimentación y por los bienes, pero no del sistema de seguridad para las mujeres, y esto también es trascendental”.
NICARAGUA CON MUCHO CAMINO POR RECORRER
Entre los países que se comprometieron a la aplicación de la Resolución 1325 se encuentra Nicaragua, que contradictoriamente se negó a ratificar un protocolo facultativo que garantizaría la fiscalización, de parte de organismos de la sociedad civil, de la aplicación de medidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer.
Aun así, según indicó la representante regional del UNFPA, la sociedad civil tiene otros mecanismos para hacer presión.
No obstante, Suazo enfatizó en que “también es importante reconocer que Nicaragua ha hecho avances en la promoción e implementación de políticas de igualdad, pero al igual que otros países nos falta camino por recorrer para asegurar esa promoción por la igualdad”, dijo.
En contextos de emergencia las medidas de protección adquieren mayor importancia.
“Si bien la situación de violencia en contra de las mujeres no sólo se da en contexto de crisis y de conflictos, sí es cierto que se exacerban en estas circunstancias. Por tanto, asegurar que en estas circunstancias se redoblen los esfuerzos para asegurar que se garanticen los servicios de protección y prevención son importantes y es aquí donde se vincula a la (resolución) 1325”, puntualizó.
En el país el 52 por ciento de los 5.8 millones de nicaragüenses son mujeres, de acuerdo a las últimas estimaciones del Instituto Nicaragüense de Información y Desarrollo (Inide).
Este año el índice de fecundidad de las mujeres también varió y registró una reducción en comparación con la realidad que se vivió en los últimos 30 años. Ahora la tasa de fecundidad pasó de 6 hijos por mujer a tres hijos por mujer.
“Debemos trabajar, sobre todo, para asegurar que las niñas, que las jóvenes y sobre todo las mujeres tengan oportunidad de hacer ejercicio de su ciudadanía”, indicó Marcela Suazo, representante regional del UNFPA para las Américas.
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