Poder captar ahorros del público, lograr incentivos y una tasa de interés libre, son los puntos en que no logran coincidir los sectores que hacen cambios a la Ley Especial de Asociaciones de Microfinanzas, pendiente de ser aprobada en lo particular por la Asamblea Nacional.
Alfredo Alaniz, director ejecutivo de la Asociación de Microfinanzas (Asomif), dijo que en las negociaciones con los diputados de la Comisión Económica habían logrado un “primer entendimiento” sobre esos temas.
- La Comisión Económica de la Asamblea Nacional pretende tener esta semana el último borrador al dictamen de la Ley de Microfinanzas.
Wálmaro Gutiérrez, diputado sandinista y presidente de la Comisión, considera que ante la importancia de establecer finalmente un marco de regulación al sector del microcrédito, la aprobación de la ley debe darse a más tardar en la tercera semana de noviembre próximo.
La Ley de Microfinanzas es parte de la agenda complementaria comprometida por el Gobierno de Nicaragua ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la aprobación del programa macroeconómico.
Gutiérrez afirmó que la discusión no puede seguir postergándose, ya que la Ley se aprobó en lo general en el año 2004.
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Sin embargo, el proceso fue obstaculizado —según Alaniz— porque la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) se niega a que le trasladen la responsabilidad de ser la entidad reguladora del sistema de microfinanzas en Nicaragua.
Explicó que en una segunda propuesta de la ley se contemplaba permitir a las microfinancieras captar depósitos del público, lo que implicaba la supervisión y regulación de la Siboif.
Luego le fue presentado a la Comisión Económica un nuevo documento, elaborado por un consultor boliviano a propuesta del Superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, en que se eliminan esos elementos.
“Se quitó a la Superintendencia como el supervisor y se traslada (esa función) al Ministerio de Gobernación, a lo cual nosotros nos oponemos”, comentó Alaniz.
Asomif considera que el Ministerio de Gobernación no tiene los instrumentos legales ni técnicos para regular la actividad económica y, además, “es demasiado sensible a influencias políticas”.
“Somos parte de las actividades financieras del país y la Superintendencia tiene la función de defensa de los clientes de las instituciones; y si van a dejar a alguien que nos regule, que sea esta autoridad”, planteó.
El límite de depósito en las microfinancieras, propuesto por Asomif, es de 100 mil córdobas por cliente, respaldado por el capital que igual estarían obligado a colocar en el Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade).
LA PRENSA intentó contactar al Superintendente de Bancos, pero no fue posible.
LOS INTERESES
Otro punto en discusión es si liberan o fijan un límite a los intereses que cobran las microfinancieras por los créditos. Asomif quiere que se les deje al libre mercado, como a los bancos.
Freddy Torres, diputado liberal y vicepresidente de la Comisión Económica, se opone a permitir los depósitos, pero respalda que la Siboif sea la reguladora.
Sobre los intereses, Torres dijo que aún no hay acuerdo. “En lo que coincidimos los diputados es en la necesidad de lograr una ley que transparente y ponga las reglas al sector de microfinanzas”, afirmó.
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