La búsqueda de justicia convertida en martirio

La esposa de Hodgson Mullins, una mujer extranjera que dejó su país en 1994 para hacer su vida junto a él en Nicaragua, prefiere no ser identificada, porque a pesar de no ser culpable de su desdicha, desde el principio tuvo vergüenza para denunciar el maltrato que le daba su esposo.

Fue una amiga quien en el año 2007 le animó para buscar ayuda en la Policía, pero en ese entonces todavía no sabía que el sistema de justicia penal de Managua no iba a tomar tan en serio su caso.

Ahora han pasado tres años desde que lo denunció por primera vez, y ha comprobado por dura experiencia que es muy cierto el resultado de una investigación publicada en la página web del Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos (Cedehca), sobre que el 73.9 por ciento de la población nicaragüense tiene la percepción de que sólo las personas adineradas son atendidas por el Poder Judicial, el cual también les aplica sanciones menos severas que a las de escasos recursos.

La afectada puso varias veces la denuncia en la Policía del Distrito Seis de Managua, donde luego las daban por perdidas. Las visitas al Instituto de Medicina Legal (IML) eran muy frecuentes para ser valorada física y psicológicamente, pero su caso nunca llegaba a la Fiscalía.

El maltrato la estaba consumiendo, pero el golpe de gracia fue cuando a mediados del año 2009 Hodgson Mullins dejó de pasarle dinero para la alimentación de los tres hijos que habían procreado, o lo hacía de manera irregular.

El hombre fue demandado por pensión alimenticia en el Juzgado Primero Distrito de lo Civil de Managua y la juez ordenó la restricción migratoria y el apremio corporal (captura del demandado).

Pero Hodgson Mullins consiguió una abogada influyente en los Juzgados de Managua, quien logró revertir la restricción migratoria y la orden de captura, presentando ante el juez dos fiadores para garantizar los alimentos a sus hijos. Todo se hizo sin que el juez mandara a escuchar a la demandante.

Hodgson Mullins viajó al exterior del país, pero a su regreso llegó a la casa de la víctima para visitar a los niños. Aprovechó para también amenazar de muerte a su esposa.

MUCHAS DENUNCIAS

La mujer se presentó una vez más en la Policía del Distrito Seis, donde no le aceptaron la denuncia porque le dijeron que ya tenía demasiadas y la enviaron directo al Ministerio Público.

Las autoridades del Ministerio Público llevaron a la mujer a un albergue, donde le explicaron que sólo la podían recibir a ella con las dos niñas, pero que no permitían varoncitos.

Las autoridades del Ministerio Público también la enviaron, por quinta ocasión, a Medicina Legal, donde la atendieron de inmediato y una sicóloga le dijo que ya no podía continuar recibiendo el maltrato. La víctima estaba nerviosa, descontrolada y desesperada.

La mujer recibió apoyo en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y de manera constante acudía a la Fiscalía, y mediante una carta le pidió ayuda a la fiscal Odeth Leytón, jefa del departamento de Género del Ministerio Público.

El Cenidh le ayudó a pedir medidas de protección, pero las autoridades de la Fiscalía le dijeron que dichas medidas no garantizaban nada porque el hombre casi nunca las cumple. ¿Por qué entonces dichas medidas están establecidas en las leyes penales del país?, se preguntaban la víctima y el Cenidh.

Fue en ese momento cuando la víctima estuvo llegando por tres meses casi a diario a la Policía y a la Fiscalía, hasta el punto de perder el trabajo y quedarse en el desempleo.

“Yo quería que actuaran rápido, no por privilegios para mí, sino porque él podía salir del país”, dice la mujer, quien al relatar su experiencia no puede evitar el llanto.

Finalmente la Fiscalía acusó a Hodgson Mullins por los delitos de lesiones sicológicas graves y lesiones físicas. El juez citó a audiencia a las partes, pero el hombre no se presentó y envió una carta al Juzgado alegando que ese día de la audiencia estaba saliendo del país, cuando en realidad iba a salir hasta el día siguiente.

El juez giró la orden de captura y la mujer la llevó a la Policía para rogarle a los agentes que fueran a capturar al hombre. “La Policía no se movió”, recuerda la víctima, y agrega que la dirección del acusado estaba errada. La secretaria del Juzgado colocó en la orden de captura la dirección del domicilio de la denunciante. Fue cuando Hodgson Mullins se embarcó en el crucero.

“TAL VEZ AHORA TENGO SUERTE”

Otro caso que refleja cómo anda la justicia en Managua es el de una joven que a sus 16 años ya tiene dos hijos. El primero fue a los 13.

En esa ocasión fue a la Comisaría de la Mujer del Distrito Seis a pedir ayuda porque el hombre no se hizo cargo del bebé, pero no la quisieron atender porque ése no era un caso de violación y “había sido con su gusto”.

Puso una demanda por pensión alimenticia en los Juzgados de Managua, pero nunca le llegaron notificaciones.

La Fiscalía acusó por violación, pero el hombre nunca fue capturado. La muchacha hasta iba a la Policía a decirles a las autoridades que ella les iba a enseñar la casa de su agresor, pero nunca le resolvieron nada. El acusado se fue del país.

Hace más de un año la joven tuvo una relación con otra persona, Róger José Ríos Flores, con quien procreó su segundo hijo.

Ríos Flores la ofendía constantemente, hasta que un día las ofensas se convirtieron en golpes en el rostro.

El caso llegó a los Juzgados como falta penal por gestiones de la Comisaría de la Mujer, ya que la Fiscalía no se ocupa de estos casos. “Tal vez ahora tengo suerte”, se dijo la víctima, pero estaba equivocada.

La primera sorpresa fue cuando llegó la primera notificación. “Al acusado se le previene de venir acompañado de un abogado, caso contrario de no poder pagar uno, se le asignará un defensor público. A la víctima se le previene de venir acompañada de un abogado”, decía la notificación.

Su agresor tenía defensor asegurado, pero ella, sin dinero, sin trabajo y con dos niños que sustentar, tenía que ver de dónde conseguía dinero para pagar un abogado y lograr que se hiciera justicia en su caso.

Cuando la joven llegó a los Juzgados de Managua, le dijeron que la audiencia estaba para las 11:00 de la mañana. Esperó. Pero a las 11:00 de la mañana le dijeron que el caso se había cerrado por la ausencia de ella, ya que estaba programada para las 10:00 de la mañana.

La Fiscalía también acusó a Ríos Flores por el delito de violación, pero el caso está paralizado porque existe una orden de captura que no se ha podido ejecutar supuestamente porque la dirección del acusado proporcionada por la Fiscalía es incorrecta.

UN CRIMEN SIN CASTIGO

Hace ya cuatro años que Esperanza Rivas Montenegro murió acuchillada en su propia cama, supuestamente a manos de su pareja, Erling Francisco González Torres.

González Torres fue acusado por el delito de parricidio, pero una ventana se le ha abierto para lograr la libertad y que el crimen de Rivas Montenegro quede en la impunidad.

Los testigos claves en el juicio, Norma Salgado Larios, la forense que practicó la autopsia del cadáver de la víctima, y José Flores y Marcio Alfredo García, los policías que levantaron las evidencias del crimen no se han presentado a declarar en el juicio, razón por la cual el proceso ha sufrido serios atrasos y el juez Octavo Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, Tomás Eduardo Cortés, estuvo a punto de declarar la clausura anticipada.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha dado seguimiento a este caso, en el cual el juez estuvo a punto de clausurar el juicio, pero se logró que fuera enviado al Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), donde ordenaron que el juicio tenga continuidad en el mismo Juzgado.

En el caso de la forense, la CPDH tiene información de que fue trasladada al departamento de Chontales, razón por la cual no se presenta en el juicio en Managua. El juez Cortés en una de las audiencias de juicio explicó que la forense se encontraba mal de salud y por eso no llegaba a declarar.

El juicio va a continuar el próximo 26 de octubre. Las constantes reprogramaciones de audiencias son causas de retardación de justicia, sostienen las autoridades de la CPDH.

“La gente debe tener razón en ese sentido (de las reprogramaciones)”, dice la juez Cuarto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Martha Lorena Martínez.

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