En su presentación del proyecto de Presupuesto nacional para el próximo año, Daniel Ortega ha propuesto que los fondos estatales destinados a compensar los gastos de campaña electoral de los partidos políticos, sean reasignados hacia el financiamiento de obras en la infraestructura vial del país.
La propuesta de Ortega pareciera aceptable, sobre todo por el desprestigio de los partidos de oposición. Pero es perversa, primero porque no perjudicaría en nada a su partido (el FSLN), que además de ser una organización que posee cuantiosas riquezas utiliza abusivamente los recursos económicos, materiales y humanos del Estado y cuenta con el apoyo del régimen populista de Venezuela. Y segundo porque lo que pretende Daniel Ortega es quebrantar el pluralismo político existente en Nicaragua.
En realidad, si la Asamblea Nacional aceptara esa propuesta de Ortega, la cual violaría la Ley Electoral, los únicos perjudicados serían los partidos de la oposición, sobre todo los democráticos que apoyan la candidatura unitaria de don Fabio Gadea Mantilla, pues no podrían gestionar créditos en el sistema financiero, porque no tendrían con qué responder por la deuda.
En cuanto a la intención totalitaria que contiene esa propuesta de Daniel Ortega, cabe citar al experto electoral mexicano Francisco Berlín Valenzuela, antiguo presidente del Instituto Nacional de Derecho Electoral y Estudios Políticos de México, profesor de Derecho Electoral y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha escrito que el financiamiento estatal de las campañas electorales de los partidos “existe en países que orientan su vida política de acuerdo a los principios de la democracia representativa, por lo que difícilmente puede darse en un Estado totalitario, que se caracteriza por su falta de respeto a los derechos humanos”.
Ciertamente, en los países absolutamente totalitarios, como es el caso de Cuba, allí impera un régimen de partido único, no se respeta el pluralismo ni se admite la oposición. Y en los que tienen regímenes semitotalitarios o de vocación totalitaria, como por ejemplo Venezuela, la existencia de partidos opositores es precaria, se les tolera temporalmente y para mientras llega el momento de liquidarlos, o se les acepta de manera permanente sólo si se convierten en satélites del partido hegemónico que detenta el poder.
Todo lo contrario sucede en los países libres, donde “la necesidad de garantizar las mejores condiciones para la realización de un proceso democrático, en el que los partidos políticos juegan un esencial papel, ha dado lugar a la tendencia de que el Estado acuda a facilitarles los fondos económicos para financiar su actividad electoral”, señala el profesor Berlín Valenzuela. Y agrega que “este tipo de financiamiento, propio de países democráticos persigue evitar la desigualdad financiera que existe entre los diversos partidos que participan en las contiendas electorales ”
Pero no es sólo por equidad política que el Estado democrático financia las campañas electorales de los partidos que con la obtención de una razonable cantidad de votos ciudadanos demuestran merecer ese financiamiento. El financiamiento estatal es necesario para proteger la independencia de los partidos políticos, para evitar que dependan de poderosos grupos de interés nacionales o extranjeros, que al financiarlos los ponen al servicio de sus intereses.
Ortega siente fobia por el pluralismo político democrático y el pluripartidismo independiente. Así lo proclamó en el programa Mesa Redonda de la televisión cubana, el 22 de abril del año pasado, cuando dijo que: “El pluripartidismo no es más que una manera de desintegrar a la nación, ése es el pluripartidismo, desintegrar, confrontar a la nación, dividir a la nación, dividir a nuestros pueblos. Cuba tiene un modelo donde no se divide al pueblo cubano entre verde, rojo, amarillo y anaranjado, no, simplemente es el pueblo cubano, sus ciudadanos, sin esas banderas partidistas y sin esas campañas donde juegan los intereses de los grandes capitales, es el pueblo cubano el que elige a sus autoridades, sin la estridencia de las elecciones en las democracias burguesas impuestas por occidente”.
Así es la cosa. De manera que lo menos que podrían hacer los diputados de la Asamblea Nacional que se consideran demócratas y dicen representar al pueblo democrático de Nicaragua, sería rechazar esa propuesta totalitaria de Daniel Ortega, cuyo verdadero objetivo es quebrantar —para después liquidarla— una de las más importantes instituciones de la democracia como es el pluralismo político y el pluripartidismo.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
