LA PAZ/AFP/EFE
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que no iba a recibir a una misión de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), que llegó ayer al país para respaldar las objeciones de un sector de la prensa local a dos artículos de una ley contra el racismo.
Tres directivos de la SIP, que agrupa a dueños de medios, tenían previsto abogar ante Morales en favor de organizaciones patronales y sindicales que se oponen a dos artículos de una ley contra el racismo que, según éstos, atentan contra la libertad de expresión.
“Lamentablemente no tengo tiempo, esta vez no voy a poder recibir (a la SIP), porque tengo una agenda llena”, justificó el mandatario en rueda de prensa.
En una anterior ocasión Morales se entrevistó con representantes de la SIP que reclamaron por el supuesto recorte de la libertad de prensa incluido en la nueva ley contra la discriminación, pero luego de explicarles que “so pretexto de la libertad de prensa cómo me insultaban, se han sorprendido, se han avergonzado y se han arrepentido de haber pedido una reunión”, sostuvo.
“Ustedes saben mejor que yo que sobra la libertad de prensa y siempre estará garantizada la libertad de prensa“, señaló Morales, quien mantiene fuertes roces con patronales y sindicatos de trabajadores de la prensa, que la noche del domingo levantaron una huelga de hambre de dos semanas contra la norma.
Por su parte, la misión de la SIP lamentó ayer que nadie del Gobierno de Bolivia quiera recibirla para discutir las denuncias de amenazas a la libertad de expresión en dos artículos de una nueva ley contra el racismo.
“Sería lamentable que no defiendan por lo menos su postura”, señaló el presidente del Instituto de Prensa de la SIP y director del diario La República de Perú, Gustavo Mohme.
Los miembros de la SIP se entrevistarán con directivos de la Iglesia y congresistas de la oposición, según voceros de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que reúne a propietarios de medios.
Periodistas y editores de medios bolivianos reclaman a Morales que cambie los artículos 16 y 23 de la ley antirracista que promulgó la semana pasada.
El artículo 16 fija sanciones económicas e incluso el cierre de medios que publiquen lo que el Gobierno considere “ideas racistas y discriminatorias”, y el 23 establece que los periodistas y dueños de medios acusados de racismo no podrán acogerse a fuero alguno al ser procesados.
La misión de la SIP está formada, además de Mohme, por Claudio Paolillo, director de Búsqueda, de Uruguay, y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, y el argentino Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la SIP.
Ministros, viceministros y senadores oficialistas han rechazado reunirse con los enviados de la SIP, que aún están solicitando un encuentro con dos diputados que impulsaron la norma antirracista.
Las organizaciones de la prensa boliviana han protestado en las dos últimas semanas de diversas formas contra los dos artículos polémicos de la ley antirracista, que llaman “artículos-mordaza“, incluso con huelgas de hambre de decenas de informadores. Los editores y periodistas han aclarado que están en contra del racismo, que no objetan toda la ley sino los artículos que amenazan a la libertad de expresión, y rechazan las acusaciones de Morales de que son racistas porque critican esa norma.
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