BOGOTÁ/EFE
El Gobierno de Colombia consideró hoy que va ganando en un 75 por ciento la disputa por los límites marítimos con Nicaragua y espera que a más tardar en 2012 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decida cuál es el límite final.
La canciller colombiana, María Angela Holguín, recordó en entrevista con la emisora La FM que en una primera decisión se decidió que el archipiélago de San Andrés y Providencia es de Colombia, que existe un tratado vigente y «lo que se tiene que revisar es el límite marítimo, que es el meridiano 82».
«Vamos en un 75 por ciento ganado este litigio y es que San Andrés, Providencia y Santa Catalina son de Colombia, que el tratado es vigente y ahora vamos a esperar a que mas o menos en 2012 la Corte decida cuál es el límite», dijo.
Holguin recordó, además, que dentro de la disputa entre Colombia y Nicaragua en la CIJ de La Haya, Honduras y Costa Rica buscan intervenir porque, según esos dos países, pueden verse «afectados» sus límites.
«Honduras y Costa Rica sienten que pueden ver de alguna manera afectados sus límites y quieren intervenir simplemente para decirle a la Corte nuestros limites están acá», subrayó.
La ministra de Relaciones Exteriores señaló que en febrero próximo la CIJ decidirá las fecha de las últimas audiencias y en 2012 espera tener una decisión final.
La CIJ celebra esta semana audiencias para estudiar la posibilidad de intervención de Costa Rica, y tramitará la de Honduras la próxima semana.
Nicaragua negó hoy en esa Corte que afecte a los intereses de Costa Rica y Honduras en esa disputa en el Caribe y afirmó que ese órgano tiene capacidad de emitir un fallo en el contencioso sin la participación de terceros países.
Nicaragua denunció a Colombia en 2001 ante la CIJ para que este organismo intervenga en la delimitación de la frontera marítima entre ambos países.
En 2007, y como respuesta a objeciones preliminares planteadas por Colombia, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que se declaró competente para dirimir en el conflicto sobre la frontera marítima entre los dos países, excluyendo la lucha por la jurisdicción de esas islas.
