El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) salió al paso en defensa del dictamen aprobado de la Ley de Contrataciones Públicas, que respaldan, pues han tenido participación en su elaboración.
“No estamos sacrificando transparencia a cambio de recursos, al contrario, estamos asegurando que los entre 300 y 500 millones de dólares que año con año se tienen que comprar de parte del Estado a las empresas privadas, sea en un proceso que asegure trasparencia, competencia e igualdad”, afirmó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.
Sin embargo, ayer por la noche, después de un encuentro entre el equipo técnico del Cosep, de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), en las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se coincidió que el documento requiere mejoras para subsanar los vacíos que aún se perciben.
A pesar de estar invitada, no asistió al encuentro la organización cívica Ética y Transparencia, aun cuando ha criticado que el nuevo dictamen no dista en nada de la propuesta original del Gobierno, pues le deja amplia discrecionalidad.
Aguerri sostuvo que el compromiso es que las mociones serán previamente consensuadas en la Comisión Interinstitucional para la Renovación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Participarán Cosep, Amcham, el Consejo Nacional de la Pequeña, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, (Conimipyme), Gobierno y BID.
Aseguró que se debe garantizar ese consenso igual con la elaboración del reglamento de la Ley y que, hasta que ambos estén aprobados, el Directorio del organismo no aprobará el desembolso de los 42.5 millones de dólares pendientes en apoyo presupuestario al Gobierno de Nicaragua.
LOS PUNTOS A MEJORAR
Aunque el Cosep defiende que el marco que reemplazará la Ley 323, Ley Contrataciones del Estado, “es moderno” y quita todos los elementos de discrecionalidad que se dan en la licitación y adjudicación de proyectos financiados con fondos públicos, Amcham le sigue señalando debilidades.
Entre los artículos que van a mejorar están las prohibiciones y sanciones a los funcionarios públicos, los medios por los cuales van a convocarse los proyectos públicos, las garantías que un oferente debe presentar , sobre el registro público de oferentes internacionales.
Así mismo contemplan reincorporar a la Policía y el Ejército a estar obligados a licitaciones públicas, dejando la excepción de las armas y elementos que tiene que ver con la seguridad nacional.
Un punto medular es que si bien elimina la figura de las contrataciones directas, se permiten las “contrataciones simplificadas” sin establecer un límite a los fondos que podrían aplicar.
“La atención es porque cuando se hace una compra se establece de manera clara cuál es el máximo del porcentaje del presupuesto que puede utilizarse. En otros países no pueden utilizarse más del 20 por ciento”, expresó Rodolfo Pérez, asesor de Amcham.
“Lo conveniente es limitarlo. No podemos dejarle a ningún funcionario público el carácter ilimitado de una norma, sabiendo la realidad y antecedentes que tenemos”, afirmó.
Igualmente, considera que debe dejarse la obligación de que las empresas internacionales estén inscritas previamente como proveedores del Estado, para poder participar en una licitación para que exista igualdad de condiciones con las nacionales.
SANCIONES CLARAS A FUNCIONARIOS
En donde al parecer se superaron las diferencias es que la nueva ley sí contempla aplicar sanciones a los funcionarios públicos, que van de las administrativas, inhabilitarlo para ejercer cargos en el Estado cuando incurra en irregularidades, al margen de los procesos judiciales que pueda enfrentar.
Bruno Vidaurre, asesor del Cosep, destacó que un avance importante es que “ la figura de contrataciones directas desaparece por completo”.
“Si bien existe la figura de contrataciones simplificadas, todas deben ser públicas, incluso luego quien la gana y todo ajustado a las reglas de mercado”, afirmó.
Aunque se dejan las contrataciones por emergencia, como único elemento para poder hacer compras directas, “se podrá siempre y cuando esté explícitamente dirigida a solventar la emergencia que debe sustentarse”, afirmó.
Vidaurre dijo que si una institución enfrenta una emergencia de falta de insumos por falta o incumplimiento en la planificación, los funcionarios que tengan que ver serán sancionados y deberá responder por la afectación económica al Estado.
El compromiso asumido es que las modificaciones serán hechas mediante mociones el día que sea aprobada la ley en la Asamblea Nacional, la cual se prevé sea la próxima semana.
Y aquellos elementos que aún ameriten reforzarse, se harán mediante el reglamento que debe estar listo 15 días después de en vigencia la ley.
Ramón González, jefe de la bancada del PLC, y Alba Palacios, diputada sandinista y segunda secretaria de la Directiva de la Asamblea, afirmaron que el acuerdo es tener aprobada la ley antes de noviembre.
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