La representación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Managua, todavía guarda silencio sobre el dictamen del proyecto de la Ley de Contrataciones Públicas, para el que hizo recomendaciones a los diputados antes de que lo elaboraran, pero una parte del sector privado considera “peligrosa” esa ley que pronto aprobará la Asamblea Nacional.
LA PRENSA buscó la posición del BID sobre el tema, ya que uno de los argumentos de los diputados de la Comisión Económica, para respaldar el dictamen la semana pasada, fue que tenían una carta con el aval del BID y del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Ayer la oficina del BID, en Managua, anunció que esta semana emitirán una nota de prensa manifestando su posición sobre el tema.
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) coincidió con la posición del organismo cívico Ética y Transparencia (EyT), en que el dictamen aprobado no tiene cambios reales que garanticen la transparencia del proceso de licitación de proyectos financiados con fondos públicos.
Alonso Lacayo, directivo de Amcham, sostiene que si bien “existen avances importantes” al compararlo con el anterior dictamen, el documento final contiene vacíos que pueden resultar “peligrosos”.
Entre los puntos que preocupan a esta Cámara, está que las ofertas serán presentadas únicamente vía electrónica.
Lacayo dice que no están de acuerdo con eso, porque “es facilitar cualquier tipo de manejo irregular” con los pliegos, y que se adjudiquen los proyectos sin el debido cumplimiento del proceso.
“Conlleva a que puedan haber muchas maneras de corrupción, en el sentido de que si tenés a un funcionario en una institución que está amarrado con un empresario u oferente, sólo por darte un ejemplo, a la hora de ver la oferta de los demás, pues se corre el riesgo de que ahí prive el interés”, explicó.
Una “grave debilidad” es que el documento no prohíbe con claridad que un funcionario público pueda participar en las licitaciones, “más bien las facilita”, indicó.
Además, sólo otorga llamados de atención por escrito a los funcionarios que cometen fallas. La actual Ley 323 establece sanciones administrativas e incluso procesos en contra de funcionarios.
Amcham considera que el proyecto de ley deja indefensos a los empresarios que compiten “legalmente” por un proyecto, porque cuando haya impugnaciones, que al final tenga que resolver la Contraloría General de la República (CGR), simplemente se manda a declarar desierto el proyecto, si se comprueba irregularidades en el proceso.
La actual Ley 323 permite adjudicar a quien realmente lo gana.
Para Amcham, no es entendible qué motiva a querer reemplazar la actual Ley 323, porque en la práctica y en evaluaciones hechas por el Ministerio de Hacienda quedó demostrado que el problema es la manera en que la aplican los funcionarios públicos, dijo el representante de la Cámara empresarial.
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