Por Elízabeth Romero y Eddy López
Acusaciones de supuesto “montaje” y de persecución en su contra por parte de la Policía, hicieron ayer los familiares de dos detenidos en un caso de crimen organizado y lavado de dinero. La familia de éstos reclama la devolución de los bienes ocupados por la Policía.
El abogado Francisco Fletes, en representación de Miguel Urbina Blanco y Miguel Ángel Urbina Alvarado, dijo que introdujo una denuncia en la Fiscalía en contra de la jefa de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionada mayor Glenda Zavala, por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y desobediencia de autoridad.
Fletes se basa en una resolución de la juez de Acoyapa donde Urbina Blanco, propietario del autolote Diriangén, fue acusado del delito de crimen organizado en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias, que en septiembre mandó archivar la causa por falta de mérito procesal.
“Al respecto quisiera decir y dejar absolutamente claro que este señor, Miguel Urbina, estaba siendo investigado por la Policía Nacional por dos delitos, uno de ellos por crimen organizado y que estaba a la orden del juez de Acoyapa, del cual fue eximido”, dijo ayer la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, quien presidió el acto de traspaso de mando en la ciudad de León.
“Estos vehículos y estos bienes que son alrededor de 24 vehículos no habían sido incluidos en la primera investigación, ni tampoco la orden resolutiva de la Juez de Acoyapa hacía referencia a ello, porque no estaban incluidos en esta investigación, no habían sido puestos a la orden de la juez, por lo tanto no podía ordenarnos devolverlos, porque nunca se pusieron a la orden de ella”, explicó Granera.
Y agregó: “Un segundo caso que está investigando la Policía a Miguel Urbina, está relacionado con lavado de dinero y en este caso nosotros sí tenemos 24 vehículos, propiedad de Miguel Ángel Urbina, que han sido puestos a la orden de la Fiscalía”.
En este caso —dijo Granera— la Fiscalía acusó el miércoles, por lo que la acusación contra Zavala “es totalmente infundada y es totalmente falsa”. Sin embargo, en la transcripción del auto firmado por la juez de Acoyapa, Maritza Reina Amador, y del que le fue remitido oficio a Zavala, le indica esta contradicción de que los bienes que enumeró la judicial sí fueron puestos a la orden de esa judicatura.
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